Con el fin de año también termina el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aunque el propio ministro ha calificado su trabajo como “transformador” lo cierto es que las pugnas por su sucesión se intensificarán a partir de ahora.
Según datos del propio organismo, son tres ministros y dos ministras los que se han anotado para ocupar la presidencia: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández.
De ellos, es la ministra Esquivel la que ha acaparado los titulares por la disputa por el supuesto plagio de su tesis, de la cual ha asegurado en más de una ocasión, ser la autora original.
Pero el conflicto va más allá: según lo dicho por Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, se ha llevado a cabo una “guerra fraticida” por el liderazgo del organismo.
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“Por una parte están los grupos internos interesados en mantener los privilegios que se han resistido a la política de austeridad y, en segundo término, se encuentra el deseo de ciertos grupos por controlar las decisiones judiciales, con la finalidad de blindar sus propios beneficios”, fueron sus palabras.
Este 2 de enero se espera la votación de las cinco candidaturas, aunque aún es posible que la ministra Yasmín Esquivel se retire de la contienda en estos días. De no hacerlo, deberán llevarse a cabo fases adicionales previstas por la normativa interna con motivo de la autoría de su tesis, que deberán desahogarse ante el respectivo Comité de integridad académica y científica.
En todo caso y en el peor de los panoramas, se realizará una votación forzosa, que dificultará conocer el origen de los votos y puede dar pie a conflictos posteriores.
También es posible que se implemente una “presidencia provisional”, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
Otra de las opciones es la adopción de un Acuerdo General del Pleno en el que se estipule una “presidencia interina”, la cual tendría una duración máxima de seis meses. El presidente saliente no podrá participar en ninguna de estas alternativas.
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