Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegura firmemente que no se inclinará a la ampliación de su mandato que fue aprobada por el Congreso de la Unión a través de un transitorio.
En una entrevista para el diario El Universal, el ministro Zaldívar llama a reconocer la trascendencia de la reforma aprobada para el Poder Judicial de la Federación. Además, hace hincapié que al momento no ha cedido ni cederá a las presiones mediáticas que quieren provocar su imparcialidad.
De acuerdo al ministro presidente de la SCJN, la reforma aprobada ha sido la más importante al momento desde el año 1994, pues el paquete de iniciativas democratiza la justicia constitucional con el mecanismo de precedentes. Además de robustecer la defensoría pública y estimular la carrera judicial al proponer un perfil de juzgador específico que contribuye al combate del nepotismo y la corrupción.
De este modo, el ministro Zaldívar subraya que la reforma aprobada establece los cimientos para un Poder Judicial fortalecido y renovado.
Por otro lado, al cuestionar al ministro presidente sobre el transitorio que permite la ampliación de su mandato, respondió:
[...] El artículo transitorio que se agregó de último momento [...] busca ampliar el periodo en el encargo de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal [...] pero lo cierto es que las ministras y ministros con quienes he hablado sobre el tema coinciden conmigo en que corresponde al pleno de la
Suprema Corte
pronunciarse sobre la constitucionalidad de este precepto”.
Por lo que Zaldívar comenta que “quita el foco de la reforma y genera una discusión innecesaria”. Ante esto, le fue cuestionada su decisión de no realizar pronunciación alguna sobre el artículo transitorio, a lo que argumenta:
Como cabeza del Poder Judicial debo cuidar mi imparcialidad [...] tengo la obligación de ser prudente, responsable y actuar con serenidad. No voy a permitir que se me utilice como instrumento político”.
Finalmente el presidente de la SCJN recalcó que el país necesita instituciones sólidas y funcionales en cuestión de lo marcado por la Carta Magna para garantizar un sistema de pesos y contrapesos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia en México.
