Habían pasado 10 horas desde que inició la audiencia, en la que ya se le vinculó a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, cuando el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam soltó al juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, “ya qué puedo perder”.
Esas fueron las palabras del exgobernador de Hidalgo, cuando justificó al juzgador, quien estaba a punto de decidir si cambiaba o no las medidas cautelares que le había impuesto, cuando le anunció que el abogado Samuel Ibarra Vargas tomaría protesta como uno de sus defensores, sustituyendo a la licenciada Eva Marina Vázquez, quien estuvo en el banquillo de la defensa de Murillo Karam en más del 80% de la diligencia que este miércoles se llevó a cabo en la sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
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La imprevista incursión del abogado Ibarra Vargas, quien tomó protesta a las 19:02 de la noche, tenía la finalidad de que el juez tomará en consideración un nuevo dato de prueba, -un estudio sobre los factores de riesgo y de estabilidad, basado en más de 20 documentos, incluyendo contratos, cuentas y situación fiscal, y entrevistas con diversas personas para sustentar que el exprocurador era “hogareño” y contaba con el arraigo domiciliario y el perfil de una “persona intachable” que le impedía evadirse de la justicia, al ser el “brazo fuerte” y “pilar” de su familia, amoroso de sus nietos, sus dos mascotas y proveedor de su personal doméstico.
Así lo expuso el testigo “experto en riesgos procesales”, Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, quien llamaron para exponer su análisis en el que se señaló que Murillo Karam vivía de su pensión, ahorros y las rentas de algunas de sus propiedades, sin viajes recientes al extranjero, sin “vicios”, ni consumo de ninguna droga.
Todo lo anterior aunado a la condición médica delicada por padecimientos neurológicos, hipertensión arterial y su condición de adulto mayor de 74 años que lo vulneraba ante la quinta ola de contagios de covid .
Sin embargo, tras una hora de debate, el juez determinó que el estudio del exintegrante del Grupo de Trabajo Federal para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, tenía “fallas graves” metodológicas, además de que criticó que no se haya conducido con imparcialidad por haber sugerido un arraigo domiciliario en una postura de “defensa expresa” del extitular de la PGR.
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Por lo que a las 20:33 de la noche, el juzgador reiteró que las condiciones que lo habían llevado a imponer la prisión preventiva justificada en contra de Murillo no se habían modificado de manera “total” ni “objetiva”, entre los cuales se incluyó la red de apoyo de familiares, amigos y excolaboradores, así como la posibilidad de acceder a recursos como factores que elevaron aún más el riesgo de fuga, y más aún después de su vinculación a proceso.
Incluso el juez Fuerte tapia avaló el hallazgo de un “nuevo domicilio” que según los fiscales señalaron que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) le localizó al exprocurador días después de la audiencia inicial del sábado pasado, por lo que se mantuvo la medida de prisión preventiva justificada, la cual reiteró no se trata de una “pena anticipada”.
Para entonces, el lenguaje corporal del exlíder priista dejó ver el cansancio y hartazgo emocional que acumulaba, por la larga audiencia y porque, a decir de sus abogados, no había comido en todo el día.
Murillo Karam se llevaba constantemente las manos a su rostro y la cabeza, a ratos solía replegarse o inclinarse en el asiento y metía sus manos en los bolsillos de su chamarra color beige; también entrelazaba sus manos y negaba con la cabeza en las intervenciones de los fiscales, además de que a sus abogados solía consultarlos constantemente, y por momentos parecía darles instrucciones con ademanes y señalando con el dedo.
Un mal arranque
La audiencia inició con un retraso de una hora y 19 minutos debido a algunas fallas técnicas en la sala y la alta convocatoria de periodistas que tuvo el hecho “sin comparación”, como se refirió José Javier López, uno de los abogados de Murillo Karam, a la acusación del exprocurador.
Fueron más de 25 periodistas, sin contar a caricaturistas, quienes acudieron a los juzgados. La sala habilitada con un espacio para 20 comunicadores, resultó insuficiente, por lo que el CJPF tuvo que habilitar las salas que suelen utilizarse para los testigos protegidos a fin de que todos pudieran seguir la audiencia.
La audiencia se prolongó por 12 horas, en la que tras varios recesos e incluso momentos ríspidos entre las partes, como lo fue la advertencia que hizo el juez al abogado Javier López, a quien lo condicionó a que cambiará “su actitud o lo expulsaría de la sala”, al señalar que el defensor de Murillo Karam lo estaba ‘enfrentado’ por no acatar sus indicaciones, acusándolo de alzar la voz, repetir argumentos y sacar a colación datos que el juzgador señaló ajenos al asunto y la etapa procesal en la que se encontraba el debate, además de que sostuvo que su exposición “no es clara”.
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Fue alrededor de las dos de la tarde, ya con casi cinco horas de audiencia transcurrida, cuando Jesús Murillo Karam habló para contravenir los señalamientos que habían hechos los asesores jurídicos, cuya desaseada actuación había sido cuestionada constantemente por el juez, pues entre los fiscales y asesores jurídicos de las víctimas cayeron en contradicciones, actuaciones que reflejaban poca preparación, y en palabras del juez la narrativa que usaron fue “circular”, sin “orden cronológico” y con “opiniones”.
“Estos grupos”, señaló el exprocurador refiriéndose al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “participaron absolutamente en toda la investigación, fueron ellos quienes escogieron el lugar donde se haría el análisis, ellos escogieron qué restos fueron llevados a Innsbruck, cuáles restos podrían ser analizados”.
Así lo señaló Murillo Karam en su breve intervención previo a que el juez decretara un receso de dos horas, para reanudar y determinar si vinculaba o no a proceso al exfuncionario luego de cinco horas de debate y contra debate.
En ese momento el entonces procurador reconoció que de la indagación que él encabezó “pudo haber problemas y aceptar cosas que hubo errores y se hicieron mal”, no obstante subrayó que aunque esos grupos “han buscado alternativas” (conclusiones del caso), “han inventado muchas, pero todas se caen”, sostuvo al referir que no se ha “podido tirar” la que se consideró como la ‘verdad histórica’ de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Murillo Karam vinculado a proceso
Pese a la crítica del juez a la actuación de los fiscales y asesores jurídicos, así como al hecho de haber reconocido que el exprocurador Murilo Karam no fue señalado o denunciado directamente por algún testigo o víctima, como sostuvieron sus abogados en las primeras dos horas de la audiencia. Finalmente, el juez Fuerte Tapia concluyó que en las pruebas en contra de Murillo Karam era posible “escudriñar” que hay elementos que cumplen el “estándar mínimo” para su vinculación a proceso.
Así pasadas las 16:00 horas, unas siete horas de iniciada la audiencia el exprocurador Murillo Karam fue vinculado a proceso.
Lo anterior al reconocer como “razonables”, “pertinentes”, “idóneos” y “lícitos” los indicios de prueba de la Fiscalía en los que se concluye que el exprocurador Murillo Karam ordenó, aprobó, no denunció y en consecuencia consintió una serie de “mentiras y artificios” en las que él y su subordinado Tomás Zeron de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal “maquinaron” y “fraguaron” la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, un concepto jurídico que si bien el juez señaló no es atribuible a una idea o invento de Murillo Karam, sí lo es, según los indicios presentados por la FGR, su responsabilidad como “mayor jerárquico” y “responsable” de las investigaciones irregulares e ilícitas que se realizaron.
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Al filo del cierre de la audiencia, una de las madres de los estudiantes desaparecidos, quien acudió en calidad de testigo acompañada por Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas, reprochó al exprocurador a quien le exigió justicia y cuestionó: Murillo Karam “queremos la verdad y lo que más queremos es saber a dónde están nuestros hijos. ¿a dónde los dejó?”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos hace casi ocho años.
Tras decretar un lapso de 90 días para el plazo de la investigación complementaria, pese a que la FGR había pugnado por un plazo de seis meses para terminar de recabar datos de prueba, el juez federal Fuerte Tapia concluyó la audiencia a las 21:12 de la noche.
