El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y su amigo, el director del Grupo Aeroportuario capitalino, Gerardo Ferrando Bravo, tal parece que no se atreven a decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene enfrente una bomba de tiempo vinculada a la emergencia sanitaria Covid-19 y al desaparecido aeropuerto de Texcoco, y que en unos meses le explotará en forma de una gran deuda económica.
Resulta que don Gerardo acordó con las empresas constructoras de la extinta terminal aérea pagarles el impuesto de la TUA del Aeropuerto de la Ciudad de México hasta casi el año 2030, y para eso se creó un fideicomiso.
Pero dicen los que saben que todo estaría bien si no fuera por la caída en el número de pasajeros. El punto medular del problema es que el valor de la TUA que se pactó es con base en 40 millones de pasajeros al año, cifra que no se considera que se podría recuperar este año, pero si no se cumple esa cifra y no se obtiene el monto pactado, que es lo más probable que ocurra, el fideicomiso entrará en números rojos y se incumplen así los acuerdos de pagos con las empresas.