Este miércoles, Emilio Lozoya Austin pasará su primera noche en el Reclusorio Norte de la CDMX, donde también está preso el exsenador Jorge Luis Lavalle, denunciado por el exdirector de Pemex, de haber recibido sobornos millonarios de la constructora Odebrecht en el gobierno anterior.
“Nunca me quise extraer de la justicia”, aseguró Lozoya ante el juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza; sin embargo, el juzgador consideró que el inculpado tiene la capacidad económica y el respaldo de “una red” de familiares que lo podrían ayudar a evadirse de una posible condena de más de 30 años de prisión.
El juez advirtió una “elevada necesidad de cautela” por parte del exfuncionario, a quien la FGR busca acusar de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, por lo que le impuso la prisión preventiva justificada.
Lozoya llegó a México el 17 de julio de 2020, tras ser extraditado desde España.
El juez concedió una prórroga solicitada por la defensa de Lozoya a fin de obtener un acuerdo de colaboración de las autoridades de Brasil que consideraron como una “prueba fundamental”, y programó la próxima audiencia para el próximo 3 de diciembre.
Miraba con atención para escuchar las acusaciones en su contra y los argumentos de sus abogados; por momentos tomaba notas y negaba con la cabeza. Se mantenía con los brazos cruzados, se frotaba el rostro y pasaba la mano por el cabello.
Así sobrellevó Emilio Lozoya las casi cinco horas y media que duró la audiencia de este miércoles en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte. Sus ademanes evidenciaron el estado de ánimo del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que pasó de tener un aire de cierta seguridad, al nerviosismo y finalmente a la resignación.
A poco más de un año y tres meses de haber sido extraditado desde España, el exfuncionario se quedó como interno en el Reclusorio Norte tras la decisión del juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza de ordenar la prisión preventiva justificada.
El juzgador consideró la “muy elevada” necesidad de cautela que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) le argumentaron, con respaldo de los asesores jurídicos de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes advirtieron que no hubo “ni el más mínimo intento” del exfuncionario por reparar el daño causado por el caso de corrupción de Odebrecht.
Previo al fallo del juez, con el que se acreditó la capacidad económica —estimada por la FGR en más de 200 millones de euros presuntamente a disposición de Lozoya como accionista de JF Holding, empresa asentada en Luxemburgo— y los lazos familiares que le podrían ayudar a intentar evadirse de una posible condena de más de 30 años de prisión por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, el exfuncionario tomó la palabra.
Durante 14 minutos, en los que Lozoya Austin se despojó de su cubrebocas para hablar en la sala de audiencia, reiteró haber sido utilizado por un “aparato organizado del Estado”, pero negó ser beneficiado de un trato privilegiado; por el contrario, aseguró ser blanco de “persecución en la opinión pública”, pues aseveró que su intención sigue siendo la de alcanzar la justicia, “una justicia que muchos no les gustaría porque los implica”.
“Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y tuve reuniones con altos funcionarios del gobierno de México y regresé a viajes laborales. Nunca dejé de ratificar que mi domicilio fue en la calle de Ladera, en Lomas de Bezares. Cuando sacaron la orden de aprehensión, yo nunca me evadí de la justicia (…) Yo tenía la plena voluntad en torno a este criterio (de oportunidad)”, subrayó Lozoya, al sostener que “no me arrepiento de haber hablado con la verdad”.
Sobre dicho criterio de oportunidad —del cual la defensa de Lozoya reiteró que su defendido procurará mantener colaboración con las autoridades— los fiscales acotaron que hasta la fecha sólo se han tratado de pláticas que no han derivado en ninguna autorización.
Acusaron al exfuncionario de haber reflejado una actitud de “poco pudor procesal”, luego de haber sido fotografiado cenando en un restaurante de lujo, lo cual respaldaron los representantes de Pemex y la UIF como una ofensa a la ciudadanía, al país y a las instituciones. No obstante fue desestimado como prueba por parte del juez.
Al escuchar el veredicto del juez, Emilio Lozoya asintió con la cabeza y por unos instantes se tomó de la mano con su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, quien también se encuentra imputada en la misma causa penal y durante la diligencia estuvo sentada a lado del exfuncionario. Será el próximo 3 de diciembre cuando se reanude la audiencia a fin de que la FGR presente ante el juez la acusación en contra del extitular de Pemex.
