Después de la renuncia de Salvador Leyva Morelos Zaragoza al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en la cual acusó conflicto de interés en dicho órgano y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación al caso del secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, la presidenta de Alto al Secuestro dio réplica y desestimó tales señalamientos.
“Los exservidores públicos del IFDP, actuaron al margen de la ley, y ahora aunado a presiones políticas desde los más altos niveles de poder así como del interior de la propia Corte, pretenden utilizarme para atacarlas a ustedes”, señaló Isabel Miranda en una carta dirigida a Norma Piña y Taissia Cruz, cuyos nombramientos como presidenta de la SCJN y directora del IFDP respectivamente, provocaron las aseveraciones hechas por el abogado Salvador Leyva.
En este sentido, la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro negó haber pedido favores o trato especial por parte de ambas servidoras públicas. Hay que recordar que en su renuncia a la secretaría técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del IFDP, Salvador Leyva acusó “influencia de poderes ajenos a la institución”.
Esto, en referencia a lo que dijo es un fabricado secuestro y homicidio el caso del hijo de Isabel Miranda, por el cual se encuentran detenidas desde hace 17 años Brenda Quevedo y Juana Hilda (a las cuales representa).
Al respecto, la activista aseveró que no tienen prueba alguna de lo que se asegura y apuntó que los señalamientos obedecen a sobornos que se le hizo al expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, Netzaí Sandoval Ballesteros (extitular del IFDP) y su hermana Irma Eréndira, exsecretaria de la Función Pública, así como al propio Salvador Leyva y Verónica Berber Calle, entre otros exfuncionarios.
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Isabel Miranda aseguró que este grupo actuó, además, bajo “presiones políticas desde los más altos niveles de poder” y de la Corte. Ante esta situación, añadió, ha recurrido a instancias legales e institucionales para presentar denunciar y quejas administrativas. Recordemos que en agosto del año pasado la activista dio a conocer que denunció al ministro Zaldívar por los delitos de corrupción, tráfico de influencias, entre otros.
La activista también apuntó que dichos exfuncionarios aún consultan de forma ilegal (debido a que ya no cuentan con las atribuciones) los expedientes judiciales del caso, toda vez que Salvador Leyva es el abogado de Brenda Quevedo y Juana Hilda.
De esta forma, Isabel Miranda ha respondido al exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del IFDP, quien en su renuncia del pasado 2 de febrero aseveró que no existen las condiciones para garantizar el trabajo en pro de los derechos humanos con las nuevas cabezas de la SCJN y del Instituto, por un caso que está por ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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