Autoridades federales, estatales y municipales no brindaron atención a 62 personas indígenas mixtecos, originarias de la región de La Montaña en Guerrero, rescatadas en 2015 de un campo agrícola en Colima, en donde eran víctimas de trata, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ante esta situación la Comisión emitió una recomendación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al gobernador de Colima y al presidente municipal del Ayuntamiento de ese mismo estado debido al incumplimiento en su labor que llevaron a violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, procuración de justicia, protección de la salud, trato digno, interés superior de la niñez y la dignidad humana, atención a víctimas de delito y al trabajo en su relación con el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Entre las deficiencias que documentó el organismo se encuentra la falta de garantía para brindarles a los 48 adultos y 14 menores de edad un retorno seguro a sus comunidades de origen, dictaminar medidas de protección a jornaleros y sus familiares, por no resguardarlos en un lugar seguro e higiénico y dejar a las víctimas en estado de indefensión y vulnerabilidad, pues la mayoría de las personas no hablaban español. Asimismo, pese a que la Procuraduría de Colima abrió una carpeta de investigación por corrupción de menores, no dictaminó inmediatamente, medidas de protección necesarias a los jóvenes, quienes también estaban en riesgo por estar expuestos a sustancias químicas. De igual forma acusa que los agentes del Ministerio Público tuvieron un periodo de inactividad de más de un año en donde no se realizó alguna diligencia o no se recolectó evidencia para dar con los presuntos responsables. La CNDH también registró faltas por parte del IMSS, pues el Instituto sabía que las víctimas carecían de afiliación e incumplió su obligación de orientarlas e informarles sus derechos de seguridad social. Por ello, la CNDH exigió a la STPS localizar a las 62 personas e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; a las autoridades demandó mayor capacitación del personal, en especial en la prevención, identificación y atención en casos de trata de personas; elaborar un diagnóstico sobre la situación de los jornaleros agrícolas, implementar un protocolo de actuación en esta materia y, por último, designar a un funcionario de cada instancia para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación. AT/ RB
8 de Noviembre de 2024
