Mientras en Estados Unidos políticos y empresarios siguen en la búsqueda de que México modifique su política energética, en nuestro país el gobierno federal insiste en mantener su postura y apostar por el fortalecimiento de la producción de las empresas del Estado.
La seguridad energética está garantizada, sostuvo Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien apuntó que con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no existe posibilidad de que tal condición corra peligro. Como si se tratara de una respuesta para quienes cuestionan las decisiones de las autoridades en el sector, la funcionaria hizo énfasis en el impulso que se hace de la paraestatal.
Hace cuatro días se dio a conocer que un grupo de empresarios estadounidenses preparan una controversia bajo el amparo del T-MEC. Esto por el posible desacato de México con los compromisos asumidos en la firma del acuerdo comercial. Los representantes del sector privado argumentan que el gobierno encabezado por el presidente López Obrador ha impuesto barreras a la entrada de nuevos inversionistas y que, además, los que ya tienen presencia en el país se han enfrentado a trabas para el impulso de su producción.
David Berezowsky, abogado del bufete Foley & Lardner, fue quien dio a conocer esta situación. Advirtió que las empresas no pueden modificar sus permisos de generación ni solicitar nuevos, por lo que algunas centrales ya terminadas se encuentran paradas debido a los lineamientos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
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Mientras tanto, la secretaria de Energía indicó que la “espiral inflacionaria” en la que se han vuelto envueltas las empresas del sector energético como consecuencia del conflicto armado en Ucrania no afectará el funcionamiento de la CFE.
Fue ante el Consejo de Administración de dicha paraestatal que la funcionaria federal se pronunció en este sentido. Esto tras presentar el plan de presupuesto y proyectos estratégicos para el próximo año, con los cuales, remarcó, está garantizada la fluidez en el andar de la compañía dirigida por Manuel Bartlett.
Justamente esta preponderancia es la que ha sido cuestionada desde Estados Unidos, sobre todo cuando el presidente López Obrador presentó su reforma eléctrica, la cual buscaba devolver a CFE el control en la mayoría de la generación de energía en el país. Desde el país vecino del norte se incrementaron los señalamientos por el impacto en el sector privado y en el medio ambiente.
Si bien la iniciativa no fue aprobada en la Cámara de Diputados, la política energética ordenada desde Palacio Nacional mantiene alerta a empresarios y políticos estadounidenses, quienes pretenden a través del T-MEC presionar para forzar un cambio en el sector mexicano. GA
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