WASHINGOTN, EU. El procedimiento de destitución iniciado por los demócratas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entra este jueves en una nueva fase con una primera votación en el Congreso que permitirá a los legisladores interrogar públicamente a los testigos del caso ucraniano.
La Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, debe pronunciarse sobre una resolución que da un marco formal a las investigaciones y autoriza la organización de audiencias públicas, tras cinco semanas de interrogatorios a puerta cerrada.
Gracias a ese texto, “los estadounidenses podrán comprender en directo como el presidente abusó de sus poderes”, tuiteó la jefa de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi.
El 24 de septiembre, Pelosi anunció la decisión de su partido de tomar la peligrosa vía del juicio político, tras conocerse información sobre una polémica llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que el mandatario estadounidense pidió a su interlocutor investigar a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, por sus negocios en Ucrania.
Por esta conversación, hecha pública tras la aparición de un denunciante, los demócratas acusan a Trump de haber abusado de su poder con fines personales, pues Biden está bien posicionado para eventualmente convertirse en su rival en los comicios presidenciales de 2020.
El mandatario, exasperado, ha sostenido que esa conversación es “irreprochable” y se ha considerado víctima de una injusta “cacería de brujas”.
Los derechos de Trump
Para determinar si Trump utilizó recursos del Estado para presionar a Ucrania a que investigara a los Biden, los demócratas ya han entrevistado a una docena de diplomáticos y consejeros de la Casa Blanca a puerta cerrada en la Cámara baja.
Según lo que ha trascendido, embajadores y altos responsables han ofrecido testimonios potencialmente abrumadores para la Casa Blanca en esas audiencias orales.
Especialmente han revelado los esfuerzos desplegados durante meses por el círculo más cercano del presidente, entre ellos su abogado personal Rudy Giuliani, al margen de la diplomacia oficial, para convencer a Kiev de generar información dañina para la imagen de Biden.
El presidente y su entorno han criticado el secreto de las audiencias, acusando a los demócratas de filtrar elementos seleccionados para dar una imagen distorsionada de la realidad. También les han señalado de violar el derecho de Trump a defenderse y de avanzar en la pesquisa sin haber realizado ninguna votación previamente.
La resolución que será sometida a votación este jueves busca arrebatar al gobierno ese argumento defensivo.
Además de la organización de audiencias públicas, el texto prevé autorizar a los republicanos a convocar a sus propios testigos en el marco de la fase de la investigación supervisada por el Comité de Inteligencia.
El texto también aprueba la transferencia de pruebas a la Comisión Judicial, encargada de redactar los artículos de la eventual acusación contra el presidente. En ese punto, “la participación del presidente y de sus abogados será autorizada”, dice una copia del texto.
“Hablar del fondo”
La defensa de Trump podrá entonces pedir nuevos testimonios o documentos, hacer contrainterrogatorios y presentar objeciones. Pero, si el presidente se niega a cooperar con los requerimientos del Congreso, sus peticiones podrán ser negadas.
Por tal razón, la Casa Blanca ha denunciado un “fraude”.
Y, en los debates en las comisiones, legisladores republicanos denunciaron además el miércoles un procedimiento “injusto”, que según ellos “no es ni abierto, ni transparente”.
“Recibimos muchas quejas sobre los procedimientos, es como si se quisiera evitar hablar del fondo del asunto”, replicó el demócrata Jamie Raskin.
La Constitución estadounidense solo aborda a grandes rasgos el tema de la destitución presidencial: a la Cámara de Representantes le corresponde hacer la acusación, al Senado el juicio. Considerando la mayoría republicana de la Cámara alta, una destitución parece actualmente improbable.
En otro frente, un juez federal de Washington examinará este jueves por la tarde el caso de un testigo convocado por la Cámara de Representantes, que se considera en tensión por los requerimientos del Congreso y de la Casa Blanca.
La presidencia ordenó en efecto a los miembros de la administración no cooperar con la investigación, porque considera necesario proteger el trabajo del Ejecutivo. Así que la decisión judicial tendrá importantes consecuencias sobre el futuro desarrollo de la pesquisa.
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