El fabricante de automóviles Volkswagen está a punto de cerrar su megaproceso “Dieselgate” en Alemania tras alcanzar un acuerdo de compensación con una asociación de consumidores que representa a unos 400 mil clientes, y que podría costarle al grupo alemán cerca de mil millones de euros.
“Tras varios días de negociaciones” las dos partes “cerraron un acuerdo” anunció el viernes el tribunal de Brunswick, donde se inició a fines de septiembre la multitudinaria audiencia sobre el escándalo de los motores diésel trucados.
Los demandantes, congregados en este primer “procedimiento modelo” alemán, similar a una “class action” del tipo estadounidense con numerosos querellantes, piden indemnización por sus vehículos equipados con motores diésel manipulados.
El grupo automotor está acusado de haber perjudicado de forma deliberada a sus clientes al instalar, sin su conocimiento, un dispositivo que hacía parecer al vehículo menos contaminante de lo que era en realidad.
A la espera de los detalles ulteriores que ambas partes darán este viernes, Volkswagen podría verse obligado a devolver sumas a sus clientes por un total de 830 millones de euros.
30 mil millones
El escándalo remonta a septiembre de 2015, cuando el grupo alemán confesó haber equipado con programas trucados a 11 millones de vehículos en todo el mundo, generando una verdadera conmoción en la industria del automóvil en Alemania.
La suma de 830 millones de euros puede parecer modesta si se compara con los más de 30 mil millones de euros en multas, gastos jurídicos e indemnizaciones que ha pagado Volkswagen, esencialmente en Estados Unidos.
En Alemania, el constructor Volkswagen ha pagado hasta ahora solamente tres multas por un valor total de dos mil 300 millones de euros, y niega haber causado un daño a los automovilistas.
Sin embargo, el grupo sigue amenazado por una cascada de procedimientos civiles y penales, en particular demandas individuales de indemnización. Algunas de éstas se han saldado con arreglos de tipo amistoso.
Varios dirigentes del grupo, entre ellos el actual presidente ejecutivo Herbert Diess y el presidente del Consejo de vigilancia, Hans Dieter Pötsch, así como el exdirectivo Martin Winterkorn y el expresidente de la marca Audi, Rupert Stadler, son objeto de investigaciones.
La semana pasada, las oficinas de Porsche fueron nuevamente registradas por los investigadores, según el semanario Der Spiegel.
En un juicio entablado hace un año, un grupo de inversores exige una compensación por la caída espectacular de la cotización en bolsa de la acción del grupo, en los días posteriores a la revelación del caso.
Al margen del frente judicial, el escándalo aceleró el declive del autos diésel, y los vehículos diésel podrían ser prohibidos en varias ciudades alemanas debido a sus altos niveles de contaminación.
Volkswagen intenta por su parte pasar página de este tipo de automóviles, e invierte más de 30 mil millones de euros en el coche eléctrico para respetar así las estrictas normas europeas de emisiones de CO2.