La segunda mitad del sexenio no arranca con signos preocupantes, sino con realidades ominosas en las áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación. A los bajos presupuestos y continuos recortes en los recursos aplicados durante los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyeron la desaparición de fideicomisos, se han venido sumando las medidas autoritarias y el control de organizaciones y centros científicos, ataques a la autonomía de las universidades, la imposición de políticas a espaldas de la comunidad científica y las venganzas personales. Dentro de la amplia variedad de síntomas del deterioro de la ciencia en el que se ha empeñado la llamada Cuarta Transformación (4T), destaca la persecución de investigadores y funcionarios en este sector.
Es la primera vez que se produce en México una campaña de persecución como la que presenciamos contra un grupo de 31 investigadores y exfuncionarios de la administración pública de la ciencia y que dio a conocer Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente personal” el 20 de septiembre pasado.
Se solicitó su reclusión en un penal de máxima seguridad antes de juzgar siquiera si los delitos de los que son acusados eran reales. Hoy ha quedado demostrado que las acusaciones a estos integrantes de la comunidad científica, provinieron del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla Roces.
La FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero (quien obtuvo con la venia de la directora del Conacyt el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores en un proceso irregular) presentó en dos ocasiones a un juez su solicitud de órdenes de aprehensión al considerar que la denuncia recibida era adecuada para configurar cuatro delitos: peculado (contra cinco personas), uso ilícito de atribuciones y facultades (contra 29), operaciones con recursos de procedencia ilícita (contra cinco) y delincuencia organizada (contra los 31). Se trata de delitos graves que ameritan cárcel aun sin mediar juicio o posibilidad de defensa, como si se tratara de narcotraficantes o terroristas.
El juez de distrito con residencia en El Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, rechazó dos veces la solicitud de la Fiscalía. En su primera respuesta señaló que los datos de prueba carecían de sustento. El núcleo de las acusaciones era que el Conacyt entregaba indebidamente recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. El juez determinó que esto no era ilegal en el sentido que lo había resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia MI/SS/D/9941/2021.
Se ha evidenciado además que la investigación realizada por la FGR tiene múltiples fallas. Las primeras fueron, desde luego, las detectadas por el juez Salazar Hernández, y como lo han documentado los medios que han tenido acceso a la carpeta de investigación, no fueron las únicas, pues originalmente eran 52 personas las acusadas, número que el binomio FGR-Conacyt ajustó luego a 31, eliminando a un secretario de estado y a la directora de un centro público de investigación cercana a Álvarez-Buylla.
A pesar de que la Fiscalía contaba con los datos correctos respecto de la adquisición de una casa en Coyoacán –donde el Foro Consultivo AC tiene sus oficinas– mantuvo su acusación por la desviación de recursos para adquirir el inmueble, a pesar de que fue adquirida con recursos propios y contó con la autorización de su mesa directiva, según una nota de El Universal publicada el 6 de diciembre.
Luego que el juez negó las órdenes de aprehensión, la FGR anunció que presentaría su solicitud por tercera ocasión, lo que mostraba una obsesión por enviar al grupo acusado por el Conacyt a prisión, aunque por los inocultables yerros en la carpeta de investigación, la Fiscalía tuvo que dar marcha atrás y decidió rearmar la acusación aunque aclarando, de acuerdo con una nota de Arturo Rangel (Animal Político 29/09/2021), que eso no significaba que el caso estuviera cerrado pues se continuaría en la investigación con el fin de volver a pedir las órdenes de arresto.
Por esas fechas, en una entrevista con Joaquín López Doriga, el fiscal Alfredo Higuera Bernal señaló que era posible que las futuras solicitudes de aprehensión se hicieran considerando delitos diferentes a los presentados inicialmente y que se evaluaría hacer una lista más reducida de los implicados. El juego del policía bueno y el malo. La mayor parte de los acusados recibieron un citatorio ministerial para acudir a las instalaciones de la FGR en la colonia Guerrero. Las fotografías en los diarios mostraban a personalidades científicas como Julia Tagüeña o José Franco, entre otros destacados miembros de la comunidad científica, con policías armados a sus espaldas, como en las peores dictaduras. Se les citó para que rindieran su declaración, la cual se reservaron y recibieron las carpetas de investigación que son revisadas con sus abogados. Algunos de los juristas han adelantado que al examinar la carpeta de investigación “es claro que no está acreditado el delito de delincuencia organizada ni ningún otro”, se refirió en una nota publicada el 1 de diciembre en Animal Político.
¿Cuál es la vía para la solución de este lamentable episodio? Ante la inexistencia demostrada de delitos, hubo una solicitud formal al Ministerio Público de la Federación por el abogado Ricardo Reyes Retana, pidiendo decretar el no ejercicio de la acción penal y que se cierre la carpeta de investigación, solicitud que hasta ahora no ha recibido respuesta. Este sería sin duda el camino más adecuado.
Ante la imposibilidad de enviar por ahora a los 31 a la cárcel, como era el deseo de Álvarez-Buylla y Gertz Manero, se ha decidido mantener abierto este expediente y mantenerlo así por semanas, meses o quizás años. Se trata de una amenaza latente e inadmisible sobre 31 personas y sus familias. Si bien cada día surgen nuevos agravios contra la comunidad científica, es muy importante no quitar la atención a este caso, donde el propósito de las autoridades no es aplicar la ley o impartir justicia, sino ejecutar una venganza.
