Para prevenir y combatir los delitos que han aumentado y así “garantizar la paz, seguridad, salud” de la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este lunes al Congreso reformar el artículo 19 de la Constitución, para incluir 16 nuevos delitos sobre los cuales los jueces deberán decretar la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la exposición de motivos que se incluye en la iniciativa, que ya fue publicada en la Gaceta del Congreso, los delitos que consideran son: extorsión, narcomenudeo e ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados; además defraudación fiscal, contrabando y expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
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En el documento se reconoce que los laboratorios de producción de drogas sintéticas “se han multiplicado”, hay un “creciente aumento del consumo de drogas” y hay una tendencia al alza de la venta al menudeo de enervantes por la “alarmante” facilidad de comprarlas. En cuanto a la extorsión, añade, “ha tenido un fuerte impacto en el tejido social” y hay “un alto grado de impunidad en su comisión”.
“Ante esta emergencia, el Estado mexicano debe realizar, de manera urgente e impostergable, reformas constitucionales que le permitan cumplir con su obligación de garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de la sociedad”, detalla la propuesta del Presidente.
LA URGENCIA CONTRA LAS DROGAS
De acuerdo a los datos que se incluyen en la propuesta, en el caso de los enervantes, “la Secretaría de la Defensa Nacional ha documentado que, a partir de 2009, “se han multiplicado los laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas, hecho que coincide con el descenso en el cultivo de mariguana observado a partir de 2012”.
“Ante estos incrementos, la presente administración ha implementado decomisos de las llamadas drogas tradicionales lo que representa un poco más de 50,090 millones de pesos (39.6%), mientras que las drogas sintéticas alcanzan la suma de 76,452 millones de pesos (60.4%)”, precisa.
El Ejecutivo reconoce “la tendencia al alza que ha adquirido el mercado ilícito de estas sustancias y los altos ingresos que representan para las organizaciones criminales, dada su rápida adicción de las personas que los consumen”.
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“Derivado de esta problemática es notoria la urgencia de modificar la legislación vigente que permita hacer de manera más efectivo combatir la comisión de estos delitos, mediante la suma de las capacidades y los esfuerzos del Estado mexicano para prevenir, detectar y evitar la producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas”, agrega.
Impedir que salgan de prisión mientras se lleva el juicio, sostiene la propuesta, “proveerá de una herramienta jurídica de suma utilidad para otorgar mayor eficacia y contundencia a las acciones que desarrollan las instituciones gubernamentales para mitigar el consumo de drogas sintéticas en el país, por lo que, hace imprescindible plantear la prisión preventiva oficiosa, en los casos de la producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas y, con ello, debilitar a las organizaciones criminales, sus jerarquías y sus fortalezas económicas”.
En cuanto a la distribución de drogas sintéticas en el país, asevera que “es alarmante, pues a través del narcomenudeo, cualquier persona, mayor o menor de edad, puede tener acceso a éstas”. Obligar a la prisión preventiva oficiosa, “permitirá al Estado mexicano afrontar el creciente aumento del consumo de drogas en el país”.
LA EXTORSIÓN IMPUNE
En la propuesta se reconoce que el delito de extorsión “ha tenido un fuerte impacto en el tejido social, y el uso de las tecnologías ha diversificado la ejecución del mismo, lo que tiene como consecuencia que haya un alto grado de impunidad en su comisión. Esto, sumado a que la autoridad no cuenta con las herramientas legales efectivas para combatir y abatir los diversos supuestos en que se utiliza la extorsión”.
Y algo más, que este ilícito ya toca a todos los rincones del país: “Actualmente, los delincuentes, de manera más sofisticada y organizada, por medio de mecanismos y nuevas tecnologías de la información, obligan a las víctimas a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un lucro, a la vez que, también están extendiendo su campo de acción a ámbitos y espacios a los que antes no eran materia de extorsión, como son los mercados, pequeños y medianos locales comerciales, la vía pública, transporte público, préstamos e inversiones en línea”.
EL DAÑO AL ESTADO
El omitir el pago de impuestos “supone un peligro para el mantenimiento de las acciones de gobierno, por lo que deriva en delito fiscal. Por ello, la importancia de calificar estas conductas criminales como graves, pues atentan contra la conformación y funcionamiento del Estado mismo”.
“Tan solo en los últimos años el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado que, los esquemas de facturación falsa involucran tanto a personas físicas, como a personas morales, y en los ejercicios fiscales del 2017, 2018 y 2019, se facturaron 339,000 millones de pesos.
“En el mes de diciembre de 2023, se tienen identificados públicamente a 10,798 sujetos que en definitiva incurrieron en esquemas de facturación falsa”, detalla el documento.
El Ejecutivo argumenta que debe aprobarse el incluir estos delitos de defraudación fiscal, contrabando y adquisición de facturas que amparen operaciones simuladas o inexistentes; así como sus equiparables, en el artículo 19 constitucional, porque suelen encubrir otras actividades ilícitas que suelen tienen implicaciones en otros países, incluso relacionadas con el lavado de dinero.
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