Un año crucial en el fenómeno de la violencia e inseguridad en Guerrero fue el 2014. Ese año, además del inédito ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la entidad se ubicó como la más violenta con la mayor tasa de asesinatos, la sexta con más secuestros y la doceava con más extorsiones en el país. Casi una década después la situación no ha mejorado.
La alternancia en el gobierno con la llegada en 2021 de la primera mujer gobernadora, proveniente de Morena, no ha implicado una mejora en los índices de criminalidad y violencia en la entidad donde a la fecha la pugna violenta que protagonizan decenas de cárteles, grupos y bandas criminales mantienen en vilo a los habitantes de diversas ciudades y regiones del estado.
La capacidad de movilización social que recientemente mostró el grupo criminal de los Ardillos, asentados en la región de la Montaña, al paralizar la capital del estado con el bloqueo por dos días a la Autopista del Sol; enfrentarse a la Guardia Nacional, despojarlos de un vehículo blindado y secuestrar a 13 funcionarios, incluyendo a uniformados federales y estatales. Es evidencia el rebasamiento en el que están las autoridades.
“Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia (…) Si los obligan (a manifestarse) y los amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer la “base social de apoyo” que forman los grupos de la delincuencia.
Un par de días después del acuerdo al que llegó el gobierno de Evelyn Salgado Pineda con los manifestantes, ligados por el gobierno federal con los Ardillos, para liberar la autopista y los rehenes; el 12 de julio, en Chilpancingo, fueron asesinados dos exfuncionarios y militantes perredistas, el exregidor, Oscar Garibay Valdez, y el exdirector de Asuntos de la Juventud, Iván Zaith Domínguez.
Un día antes, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD urgió las renuncias de la gobernadora, así como de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien días antes del bloqueo carretero fue evidenciada en un video reunida en un restaurante con Celso Ortega, líder fundador de Los Ardillos.
“La crisis de gobernabilidad en Guerrero es insostenible. Ha llegado a tal grado que la delincuencia organizada ha tomado en sus manos el Congreso del estado, el Poder Judicial y la sede de la policía estatal. Para restablecer la gobernabilidad deben dejar su cargo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández”, exigió el líder del Sol Azteca.
Sin embargo, la situación de inseguridad y violencia que se ha venido agudizando en la primera mitad del año volvió a poner en el foco nacional a la entidad con el asesinato del periodista Nelson Matus Peña, director del portal Lo Real de Guerrero, quien el pasado 15 de julio fue asesinado a balazos en calles de la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco.
El panorama delictivo en la entidad es complejo. Mientras la incidencia de algunos delitos como el secuestro o la extorsión reflejan disminuciones en el número de víctimas en comparación con el primer semestre de años anteriores; en el caso de la violencia homicida y las lesiones dolosas la situación se ha agravado.
De enero a junio de este año, la cantidad de homicidios dolosos superó las 800 víctimas y en comparación con el mismo periodo de 2021 significó un alza de más del 13 %. En cuanto a la tasa del mismo delito por cada 100 mil personas, la diferencia con los homicidios dolosos del primer semestre del año pasado con este 2023 aumentó 21.5 %, ubicando a Guerrero entre las cinco entidades con los mayores incrementos.
Las mil 704 víctimas de lesiones dolosas registradas en la primera mitad del año es otro reflejo del nivel de violencia que persiste en el estado, pues la tasa de víctimas de ese delito en este primer semestre supera en 18.5 % a la tasa con la cerró en 2021 y es 4 % superior a la de todo 2018.
Lo mismo ocurre en el caso de las extorsiones. Además de que la cantidad de víctimas de enero a junio es 6.8 % más alta al primer semestre de 2015. La tasa de víctimas de extorsión que en este semestre se ubicó en 7.64 resultó mayor a las tasas anuales de 2015, 2018 y 2021, con aumentos del 82.3, 26.6 y 23.4 %, respectivamente.
›A unos días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dé a conocer su sexto y último informe sobre el llamado caso Iguala, una de las promesas de campaña que el presidente López Obrador no ha podido cumplir con “el hallazgo y la verdad” de lo que ocurrió con los estudiantes normalistas, el municipio se mantiene entre los más críticos en cuanto a criminalidad.
Guerrero se ubica como la sexta entidad con el mayor despliegue de Fuerzas Armadas en el país, con un estado de fuerza de cuatro mil 766 uniformados. A nivel municipal, y sólo por debajo de Juchitán, la ciudad de Iguala de la Independencia es la que concentra la mayor cantidad de víctimas de homicidio doloso.
La misma ciudad donde hace casi nueve años fue escenario de uno de los hechos más emblemáticos en la historia de violencia y el contubernio entre autoridades de todos los niveles y grupos criminales, es hoy en día también la cuarta con el mayor número de vícimas de secuestro y la quinta con más víctimas de feminicidio a nivel estatal.
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