Un juez federal en Ciudad Juárez, Chihuahua vinculó a proceso a las cinco personas que fueron detenidas por su probable responsabilidad en el asesinato de 40 personas migrantes y al menos 27 más que resultaron heridas tras el incendio del pasado 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en esa ciudad.
El juez de control determinó un mes para la investigación complementaria el cual vencería el 4 de mayo.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) los agentes migratorios del INM Daniel Goray, Rodolfo Collazo y Gloria Ramos fueron vinculados a proceso como presuntos autores materiales por “comisión por omisión” de dichos delitos.
Al igual que el elemento de la empresa de seguridad privada de Grupo de Seguridad Privada CAMSA, la cual mantenía un contrato con el INM para hacerse cargo de la seguridad en la estancia migratoria, identificado como Alan Omar Pascual.
En el caso de la quinta persona detenida, Jaison Daniel Catari, el migrante de origen venezolano que es señalado de haber iniciado el fuego en las colchonetas al interior de la estancia, la Fiscalía informó que dicha persona, quien apenas la semana pasada habría salido del hospital fue vinculado como autor material por acción de los mismos delitos de homicidio y lesiones con dolo.
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“La FGR continúa con el resto de las investigaciones sobre las responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y sobre los particulares vinculados con los servicios de seguridad privada”, reiteró la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero. Quedando aún una orden de captura pendiente por cumplimentar en contra de otro elemento de la empresa de seguridad privada.
Aunque a la fecha ningún alto funcionario del INM o de la oficina de representación del mismo instituto en la ciudad ha sido detenido, tanto la fiscal en Derechos Humanos de la Fiscalía, Sara Irene Herrerías, como la secretaria de Seguridad y protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez han reiterado que conforme el avance de las indagatorias analizarían solicitar más órdenes de aprehensión para quienes resulten con alguna responsabilidad.
“Estamos haciendo las diligencias apegadas a derecho, fundadas y motivadas para tener una resolución que no sea adversa a nosotros. Estamos trabajando en ello, como lo he explicado, analizando estas obligaciones y posibles acciones y omisiones tanto por el personal de migración como de la empresa privada o en la cadena administrativa, estamos en eso”, reiteró el viernes la fiscal Herrerías.
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