Viesca, Coahuila; pueblo chico, desfalco grande

El Pueblo Mágico de Viesca tiene 21 mil habitantes. Ocupa el lugar número 20 -de 38- en tamaño poblacional en Coahuila y es el más pobre de la región Laguna.

En los últimos cuatro años sus administraciones municipales han tenido todo, menos magia: la nómina aumentó irregularmente y, de acuerdo con la Fiscalía, se fincarían los delitos de peculado, otorgamiento ilegal de empleo y ejercicio indebido de funciones.

Su Alcaldesa da hoy el último informe y está a punto de irse sin explicar gastos por más de 25 millones de pesos observados en su administración.

El municipio de Viesca, el más pobre de la región Laguna, maneja un presupuesto anual de entre 70 y 80 millones de pesos. Pero en 2019, el primer año de la administración de la alcaldesa Nadia Jaramillo Rodríguez, la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró presuntas irregularidades por las cuales presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción por 15 millones 237 mil 513 pesos, equivalentes al 21% del presupuesto de ese año.

La cifra por la que recae la denuncia penal, es dos veces más de lo que en 2019 se entregó de subsidios y ayudas a un municipio donde prácticamente el 100 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza, pobreza moderada o pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).

Con la denuncia a cuestas, y sin haber solventado las observaciones de la ASE, este lunes, Nadia Jaramillo Rodríguez dará su tercero y último informe de gobierno y se irá a su casa en el ejido Emiliano Zapata, en la misma calle donde vive su padre, antecesor en el puesto y actual presidente honorario del DIF, Óscar Jaramillo Muruaga, quien en su año de gestión como alcalde, en 2018, también fue objeto de una denuncia penal de la ASE ante la Fiscalía Anticorrupción por 6 millones 621 mil 612.26 pesos.

Las denuncias contra la alcaldesa, según el Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior al primer semestre de 2021, se presentaron, la primera, el 16 de abril y otra el 21 de abril de este año. Sin embargo, en meses se podrían sumar más denuncias, pues la ASE publicó la semana pasada su informe de las cuentas públicas del año 2020, el segundo año de su administración, y encontró observaciones por 11 millones 78 mil 947.41 pesos, por deficiencias físicas y técnicas en obra realizada, por falta de comprobación e información, y por incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación, principalmente.

Lo denunciado por las cuentas de 2019 y lo observado en las de 2020, equivale al gasto de un año en la nómina del municipio, rubro señalado por la ASE e integrantes del Cabildo como uno que cada año se incrementa por encima de lo permitido por la ley.

De acuerdo con Luis Carlos García Gil, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2018 y 2019 en el municipio de Viesca “van más allá de una simple falta administrativa”.

Y aunque el funcionario dijo estar impedido para proporcionar detalles de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción “para no entorpecer el curso de las investigaciones”, fue claro al señalar que los resultados de las auditorías practicadas por la ASE apuntan hacia la posible comisión de delitos de corrupción “y por eso fueron denunciados los hechos”.

En entrevista para Semanario, García Gil explicó que la Auditoría, cuando denuncia penalmente presuntos hechos delictivos, no acostumbra personalizar sus denuncias ni señalar los delitos que pudieron cometerse, sino que, más bien, “preferimos dejar al Ministerio Público en plenitud de jurisdicción” para que encuadre las conductas en los tipos penales que considere caracterizan mejor los hechos.

Sin embargo, cuestionado respecto de la naturaleza de las conductas denunciadas, el funcionario señaló que éstas se refieren a presuntas irregularidades cometidas en materia de ingresos, egresos, nómina y obras públicas, de las cuales podrían desprenderse, entre otros delitos, el de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

García Gil fue claro también al señalar que las denuncias penales fueron presentadas porque las deficiencias detectadas en las cuentas públicas del municipio “pasaron ya por un proceso de fiscalización y no fueron solventadas”, por lo que la posibilidad de que las mismas sean aclaradas ante la ASE está completamente agotada.

“Ya está cerrado el proceso de fiscalización. Ya no se pueden solventar esas observaciones”, precisó el responsable jurídico de la ASE, quien abundó en que, en todo caso, tendrá que ser ante el Ministerio Público que se presenten los elementos que permitieran demostrar que los recursos fueron ejercidos de forma adecuada o, de lo contrario, proceder a la judicialización de los expedientes.

Aunque el funcionario de la ASE no dio detalles, en el informe de la cuenta pública 2019 se detectó un excedente en ingresos de libre disposición por más de 10 millones 652 mil pesos, pero no hubo pruebas que acreditaran que los excedentes fueran destinados a los fines establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.

También se hicieron observaciones donde se advierten irregularidades por un valor total de 341 mil 433.15 pesos por falta de comprobación, documentación e información para su comprobación y justificación.

En el informe de las cuentas de 2018, de la administración de Óscar Jaramillo, se habían hecho observaciones por más de 40 millones de pesos (64% del presupuesto de ese año), 6.6 millones de los cuales fueron considerados como “graves”.

Semanario buscó a la alcaldesa para tener una entrevista, pero nunca fue localizada en su oficina.

También se intentó contactar al Tesorero Jaime Torres, pero nunca respondió a la petición de entrevista. Se ingresaron solicitudes de transparencia al municipio para conocer pagos realizados, el desglose de la nómina y el desglose ejercido en los presupuestos, pero nunca respondieron en la Plataforma de Transparencia y, en el caso de la nómina, ésta fue entregada incompleta.

A decir Agustín Rivera, secretario del Ayuntamiento de Viesca, no ha llegado a la oficina ninguna denuncia y, si existe, asegura que la desconoce. “Yo las reviso, las revisa el Tesorero y Jurídico. Tendría el papel, los requerimientos, y avisos”, comentó.

Sin embargo, una fuente de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, que habló con Semanario a condición del anonimato, confirmó que las carpetas de investigación integradas con motivo de las denuncias presentadas por la ASE, registran “un grado importante de avance”.

Hasta el momento, indicó la fuente, se han desahogado diversas entrevistas con las personas involucradas en la investigación -servidores públicos y proveedores, sobre todo- y se han realizado inspecciones

in situ

para corroborar o descartar los hallazgos que arrojaron las auditorías y en los cuales se fundan las denuncias de la ASE.

Y, aunque no existe aún un plazo tentativo para judicializar los casos, la integración de los expedientes avanza de forma inequívoca en esa dirección, se aseguró a esta publicación. “Siempre que en la Fiscalía se procede a integrar una carpeta de investigación es para judicializar el caso”, señaló la fuente.

Cuestionada respecto de los delitos por los cuales se estaría solicitando el ejercicio de la acción penal en contra de los presuntos responsables, la fuente consultada señaló que se tienen contemplados al menos tres: “ejercicio indebido de funciones, otorgamiento ilegal de empleo y peculado”, aunque no se descarta la posibilidad de agregar otros que resulten de las indagatorias.

Un pueblo mágico muy opaco

El municipio de Viesca se incorporó al Programa de Pueblos Mágicos en 2012. Su mayor atractivo son las Dunas de Bilbao, un territorio que hace miles de años estaba cubierto por el mar, y que al secarse dejó un increíble paisaje de arena adonde han llegado cientos de visitantes y hasta se han filmado escenas de películas.

En Viesca estuvo preso el cura Miguel Hidalgo, se hospedó Benito Juárez, y Lázaro Cárdenas se alojó en la Ex Hacienda de Hornos, otro de los atractivos del pueblo mágico.

Y, según trabajadores de la presidencia municipal, la alcaldesa Nadia Jaramillo también llega… a descansar. “Sí viene, pero a descansar cuando viene”, dijo con sarcasmo uno de los pocos empleados municipales que se encontraron un viernes a mediodía.

En tres días que Semanario visitó la sede del gobierno municipal, la alcaldesa nunca fue encontrada en su oficina.

Gustavo Ordaz, síndico de minoría, criticó que la alcaldesa en tres años no se paró en la presidencia más de 20 veces y se aprovechó de la pandemia para tener todas las reuniones de Cabildo en formato virtual.

Parece difícil de creer que en este pueblo de 21 mil habitantes, donde un viernes a mediodía se cuentan 10 trabajadores en cinco oficinas de presidencia, se tenga una nómina de casi 400 empleados.

Según los informes de la ASE, en 2020 se aprobó un gasto en servicios personales de 22 millones 718 mil 642.60 pesos, pero para el 2021 ascendió a 26 millones 414 mil 878.61 pesos, incrementándose 16.27%, según el Informe 2021 de la Evaluación del Proceso Presupuestal.

El tema de la nómina es algo que viene arrastrando el Pueblo Mágico: en 2018, el año de gestión de Óscar Jaramillo, padre de la actual alcaldesa, se habían aprobado en servicios personales 23 millones 57 mil 814.99 pesos, pero el ejercicio 2019, el primero de Nadia Jaramillo, ascendió a 25 millones 542 mil 94.86 pesos, es decir, un incremento de 2 millones 484 mil 279.87 pesos, un 10.77%.

Y en 2020, según el Informe de la ASE sobre las cuentas, Viesca también incrementó el gastó en servicios personales más que el límite permitido.

Se asignaron 27 millones 37 mil 693.44 pesos, por lo que la ASE advirtió un nuevo incremento de 1 millón 495 mil 598.58 pesos, equivalente al 5.86%, del cual “no presentó la documentación e información que justifique haber excedido el límite del incremento de servicios personales en relación con el ejercicio inmediato anterior”.

Lo anterior es indebido al no cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas (LDFEFM), la cual establece que la asignación global que se apruebe en el Presupuesto de Egresos tendrá como límite el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real, y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando.

Pero no es lo único que se incumple de la LDFEFM. Según la ASE, en las cuentas públicas de 2020 detectó 16 incongruencias y señaló un balance presupuestario negativo por 5 millones 197 mil 063.39 pesos, es decir, que al final del ejercicio y bajo el momento contable del devengado, el balance presupuestario de la entidad fue inferior a cero, es decir, gastó más de lo que ingresó.

El síndico Gustavo Ordaz mencionó que desde el inicio de la administración aumentaron el gasto en personal pero mucho de ello con nombres de personas que desconocían que estaban en la nómina. “En un mes era una cantidad y en otro, otra. La gente no se daba cuenta, no sabía qué cobraba. Yo subía la lista y le dije a la gente que se buscara y sí se encontraron”, aseguró Ordaz.

Semanario solicitó vía transparencia el desglose de la nómina del Ayuntamiento y el municipio únicamente entregó dos documentos en formato Excel: la nómina del primer trimestre de 2019, y la nómina del primer trimestre de 2021.

En la de 2019 entrega la nómina únicamente con el nombre propio, sin apellidos. La nómina del primer mes de la administración era de 308 empleados y un costo de 625 mil 800 pesos por quincena.

Mientras que en la nómina de la primera quincena de marzo de este año, el total de empleados era de 396 y un gasto de 701 mil 824.50 pesos por quincena, un aumento del 12.1%, lo cual sigue infringiendo lo estipulado por la Ley de Disciplina Financiera.

En la última nómina de 2021, no se detalla el puesto o la dirección en la que trabajan.

Tener la nómina sin apellidos o sin detallar el cargo viola el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Coahuila, respecto a la información pública de oficio sujeta a publicación.

Además, también fue una de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas del municipio de 2019, sin que hasta el momento se haya corregido.

Agustín Rivera, secretario del Ayuntamiento, reconoció que en un tiempo estuvo alta la nómina, pero asegura que la alcaldesa tomó decisiones importantes y reestructuró las direcciones y dependencia para que se diera de baja a muchas personas.

“No sé de dónde dicen que aumentó. Parte del problema de municipios pequeños como Viesca es que casi no recaudas, y si no recaudas, menos presupuesto te llega”, comentó Rivera.

Al cuestionarle cuántos trabajadores componían la nómina, dijo que no recordaba, “seremos alrededor de 300”. Aunque en marzo, según cifras del Ayuntamiento, eran casi 400.

Pese a que no se precisa en el documento entregado por el Ayuntamiento vía transparencia, qué cargo o dirección ocupa, se logró identificar, por ejemplo, que aparecen nombres como el de Francisco Javier Escobedo Rey, exalcalde del municipio, quien cobró en la primera quincena de enero de este año, y que según el directorio de funcionarios del municipio, tenía un cargo como actuario.

También se encontró en las quincenas del primer trimestre de este año el nombre de Elidett Mixary Domínguez Rodríguez, nuera de la alcaldesa, quien tenía un sueldo quincenal de 3 mil 89.50 pesos, el doble del promedio del sueldo de los empleados del pueblo.

Y hasta aparece en la nómina el párroco de la iglesia, David Batarse Rivera, con un sueldo quincenal de mil 645 pesos.

Según la primera regidora, Alejandra López Favela han pedido la nómina al Tesorero pero nunca la han mostrado. “He pedido que desglosen los gastos pero solo dan un informe general sin detallar y sin comprobar. Hay adeudo de pago de luz, de servicios generales, pero no hay comprobantes de que se hagan esos pagos. No hay justificante. Todo se lo explican verbalmente sin documentos que lo avalen.

La regidora mostró los documentos que entregan en las sesiones de Cabildo. Por ejemplo, una hoja con el estado de actividades del segundo trimestre de 2021: “Gastos de funcionamiento: considerada la suma de todos los egresos destinados a la ejecución de la función de las áreas de presidencia con un total de: $7,952,473.13 y se integra de los siguientes: servicios personales $5,509,950.20…”. Este último dato proporcionado por la regidora representa más de un millón de pesos más de gasto de nómina que el primer trimestre del año, el cual fue entregado por el municipio.

Para el síndico Gustavo Ordaz, la nómina está muy abultada para un municipio pequeño como Viesca.

Según el secretario del Ayuntamiento, se tomaron medidas porque era una de las razones por las que los auditaban seguido. Explica que se crearon programas para no desechar a la gente. Entre esa gente había quienes laboraban en el área de limpieza, barrenderas les llamaban, quienes según el funcionario se integraron a un programa especial.

Aunque el 15 de octubre, esas barrenderas a las que se refirió el secretario, y otro grupo que sumó más de 100 personas, cerraron la presidencia y se pusieron en huelga por el despido. Entre ellas había gente mayor, ancianos y ancianas que trabajaban en el área de limpieza, y otro grupo que aseguraba no había recibido una pensión. En total eran más de 100 las personas afectadas.

A los trabajadores, barrenderas y barrenderos, les aseguró el Ayuntamiento que no eran trabajadores sino que estaban en un “programa especial” o habían sido contratados “temporalmente”. “Nunca les dijeron”, aseguró el síndico Ordaz.

Es su última quincena

Cristiano Rosales apenas puede escuchar bien, mantenerse erguido, y articular unas cuantas palabras de su boca por la falta de piezas dentales. Tiene 80 años.

Cristiano trabajaba como barrendero para el municipio de Viesca y hace unos días salió de la presidencia municipal llorando, sosteniéndose del hombro de una compañera de trabajo, y suplicando para que no lo despidieran.

El hombre trabajó durante 34 años, cinco horas diarias, sin días de descanso y con un sueldo de 500 pesos quincenales.

“Es su última quincena, Don Cristiano”, le dijo una mujer que trabaja en la alcaldía municipal.

Sin liquidación, sin ahorros, y siendo el único medio de subsistencia, Cristiano soltó un llanto combinado con gritos ininteligibles que resonaban por la plaza principal. Los espectadores, en su mayoría trabajadores despedidos, vieron cómo Cristiano apenas podía sostenerse de pie.

“Pobre viejito”, “¿De qué vivirá ahora?”, “No volverá a trabajar en su vida”, se susurraba alrededor.

“Hace poco murió mi esposa. Vivo solo, y ahorita mis hijas me llevan aunque sea un taquito porque no tengo nada. Si con quinientos era poquito, ahora sin nada, pues imagínate”, dijo Cristiano en la plaza del pueblo, frente a la presidencia, con la voz débil y rasposa, para después soltar un risita que culminó en una mirada perdida.

Durante varios días, Cristiano pasó los días sentado en una silla, afuera de la presidencia municipal, esperando alguna explicación ante su despido por parte de la alcaldesa. Algunas noches regresó a su casa debido a dolores en el cuerpo, al cansancio o al frío del ambiente, pero a la mañana siguiente volvía para seguir esperando.

Como él también estaba María de la Luz Salazar, de 80 años. Trabajó de 2005 a 2010 en el Internado Escolar Número Siete de Viesca, desempeñando la labor de conserje y lavalozas; empleo que le fue asignado en ese entonces por el presidente municipal, Germán García.

En 2010, María tuvo un accidente laboral en el que su mano derecha resultó fracturada, y tras una cirugía no volvió a tener la misma movilidad que tenía. Debido a esto, en la administración del presidente Javier Escobedo Rey, la mujer quedó pensionada por parte del Municipio con 400 pesos, los que recibió hasta octubre de 2021.

Cada mes, la hija de María de la Luz, Norma, de 45 años, quien trabajaba en el área de limpieza de un preescolar, se presentaba a la alcaldía de Viesca para recibir su sueldo y la pensión de su madre, a quien le estaba prohibido asistir por su diabetes y la reciente problemática del COVID-19.

El viernes 15 de octubre, Norma llegó a la casa de su madre, y entre sollozos le dijo que ya no iba a recibir pensión por parte del municipio, y que a ella le rebajaron el sueldo a 400 pesos por falta de fondos económicos. Norma, quien tiene dos hijas; una en preparatoria y otra en secundaria, le expuso entre lágrimas su preocupación al no saber ahora cómo sobrevivir con un sueldo tan bajo.

“Me dijo mi hija: ahora va a tener que ir usted a apoyar a la gente que se va a poner afuera de la alcaldía. Y aquí estamos, desde el lunes en la mañana, sin respuestas porque la alcaldesa no se ha querido aparecer”, comentó la mujer mientras sostenía un bastón con la mano izquierda. Al lado de ella había otra mujer, encorvada, con las ojeras marcadas, y el cabello canoso mientras escuchaba la conversación.

“Nos pagaban 500 pesos a las barrenderas, pero a la quincena; se nos acaba el gas, hay que pagar luz, hay que comer, hay que cuidar chiquillos. ¿Así cómo se puede vivir?”, expresó María Magdalena Fraire Hernández, de 68 años, ex barrendera del municipio durante 30 años, debido a un contrato que, le aseguran, ella firmó; en el que se subraya que su trabajo para el municipio era temporal.

“¿Empleo temporal? ¿Fui barrendera por 30 años? Yo ni firma tengo y ahora aseguran que muchos firmamos. Han de ser tan cínicos que han de haber firmado por nosotros”, lanzó María Magdalena, casi gritando.

“Es una miseria lo que nos daban, pero como aquí no hay otra cosa en qué trabajar pues uno se chinga. Y todavía la alcaldesa nos rebajó 100 pesos para el mentado pino de navidad que ponen aquí en la plaza. Luego también que para el aguinaldo, otros 200 pesos ¿Por qué? Quién sabe. Nunca dan explicaciones”, exclamó con el ceño fruncido.

Durante los días de protesta llegó el padre de la alcaldesa, Óscar Jaramillo, para tratar de finalizar el plantón. Prometió que su hija se presentaría al día siguiente. Pero Nadia Jaramillo nunca llegó.

—Ya estamos hartas de que nos vean la cara. No se vale. Lo que está haciendo Nadia es injusto. Queremos una explicación porque dicen que no hay recursos, pero ¿para ella sí hay? — cuestionó Magdalena.

—¿Por qué para ella sí hay?

—Porque tiene carros ‘deamadre’ del año. Le puedes preguntar a cualquiera porque eso es más que obvio—sentenció de inmediato.

—Ahí está la muestra—interrumpió María de la Luz—vea las calles. Vea la plaza. Vea todo a su alrededor. Esto no es un pueblo mágico—señaló con ambas manos hacia una calle llena de baches en el que un carro rebotaba; a una plaza con la vegetación seca; a un pueblo con la mayoría de los negocios cerrados. Y de fondo, a un grupo de personas que habían estado esperando por días a su alcaldesa.

Dos semanas después de haber iniciado el plantón, por la madrugada, policías comenzaron a disolver la manifestación acompañados del director de la Policía, Alberto Rodríguez. Los policías comenzaron a recoger la pequeña carpa que tenían en el plantón, la lona, y después colocaron una cerca alrededor de la presidencia para impedir el paso.

“Por qué no vinieron en el día, cuando estaba el pueblo, cuando estaban los pensionados”, reclamó una señora.

El secretario Agustín Rivera explicó que a las personas que se manifestaron, las habían integrado a un programa especial pero nunca les avisaron. Dijo que les pagaban de 200 a 500 pesos por quincena. En la nómina del primer trimestre de 2019 entregada por el municipio, la única donde se especifica el área donde trabajan, pero solo el nombre de la persona, sin apellido, se contabilizaban 78 personas en enero y 89 personas en marzo en el área de Limpieza pública.

La ASE, en la última auditoría hecha a las cuentas del municipio en 2019, recomendó contar con un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores que cumpla con las especificaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y con los Sistemas de Pensiones de los Municipios del Estado respecto a la administración de las pensiones de los trabajadores; realizar las retenciones y aportaciones correspondientes, “garantizar los derechos adquiridos en materia de pensiones del personal, pues no realizó las retenciones y aportaciones para asegurar las prestaciones establecidas en la Ley”.

En la auditoría del desempeño número ASE-04582-2020, se recomendó al municipio de Viesca afiliar a los empleados ante alguna institución de seguridad social y realizar las aportaciones y retenciones a los trabajadores para la prestación de servicios de salud. También se pidió verificar que se haya celebrado un convenio con el IMSS o el ISSSTE para garantizar las prestaciones establecidas en la Ley para la Implementación. Pero no se ha hecho.

El secretario Rivera dice que no pueden pensionar y que es un error que se ha venido arrastrando de varias administraciones. “Era más por lo moral que los alcaldes decidían seguir apoyando. Las reglamentaciones impiden sacar el recurso de esa manera. Se buscaron opciones, no hubo, las personas que pudieron se reintegraron y otras se quedaron fuera”, expuso.

El síndico Gustavo Ordaz dijo que el municipio no da seguridad social a los empleados y no da pensiones debido a que la nómina está muy alta. Admitió que cada presidente que entraba les daba un apoyo a la gente pero legalmente no una pensión.

De 130 personas que se manifestaron, el secretario asevera que se reintegraron a 100 dentro de dos programas. Pero esos programas los desconoce el síndico Ordaz. “Ahora que los desemplearon, les dijeron que estaban en un programa. Nunca les avisaron que ya los habían sacado de nómina para meterlos a un programa”, se quejó.

Además, el abogado defensor de los trabajadores, Adrián Puentes, comentó que todos los inconformes despedidos injustamente, con excepción de tres, están llevando adelante sus acciones legales.

Y en el caso de los más de 40 que se dicen pensionados, con excepción de cinco, también están llevando el juicio, reclamando el pago de las pensiones retenidas. “Es una verdadera injusticia y una decisión muy inhumana”, criticó.

Sobre que los trabajadores pertenecían a un supuesto programa social, el abogado Puentes respondió que eso lo tendrá que probar el Ayuntamiento en el juicio ya que, según reclamó, es ilógico que las personas que tenían trabajando 25 y 28 años, que estaban pensionados, se les haya arrebatado su derecho laboral tras haber trabajado una gran parte de su vida. “Que argumenten lo que a su interés convenga, pero están siendo mal asesorados”, considera.

Además, el abogado expuso que en el Cabildo se les preguntó a varios regidores acerca del supuesto programa y estos respondieron que era un invento que estaban sacando para esquivar el problema.

Explicó que la Ley prevé que cuando no haya contrato por escrito, la imputabilidad es del patrón. “Es una carga que tiene que asumir el patrón”, afirma. Ahonda que de acuerdo a las leyes, los elementos constitutivos de la relación de trabajo es un trabajo subordinado mediante el pago de un salario y eso se reúne en el caso de las ex barrenderas y ex barrenderos.

Sobre el tema de las pensiones, dijo que es un derecho laboral, y que el hecho de que no cuenten con su inscripción en los sistemas de seguridad social, es una responsabilidad que también el patrón debe asumir derivado del derecho que tienen los trabajadores.

“Lo que pasa es que tratan de acomodar sus argumentos según les convenga. Pero son los trabajadores y la población en general los que saben que son pensionados, algunos con más de 80 años, con pensiones muy raquíticas, por no calificarlas de otra manera”, argumentó.

La regidora Alejandra López Favela consideró lamentable que a casi dos meses de terminar la administración, se rescindieran puestos de trabajo con “antigüedad evidente”. Dijo que pidieron documentos oficiales donde se muestre que se trataba de empleos temporales o ingresos a programas, pero afirmó que no hay nada que lo justifique.

La regidora criticó que el municipio se ha negado sistemáticamente a entregar desglosada la información. Ni a los integrantes del Cabildo ni por Transparencia.

El municipio de Viesca tiene un presupuesto que ha oscilado entre los 70 y 80 millones de pesos anuales. Semanario solicitó vía transparencia (folio 050105600000921) el desglose del presupuesto ejercido en lo que va del año, donde se especificaran capítulos y partidas, pero el municipio nunca respondió.

El síndico Gustavo Ordaz, por ejemplo, reclamó también que el municipio no ha transparentado el ingreso proveniente del impuesto que cobran al parque solar. A decir de Ordaz, se desconoce en qué usaron ese recurso y aseguró que entró a una cuenta distinta. “Dicen que se hicieron obras con ese recurso, pero se hicieron con el recurso de los ramos”, aseveró.

No hay agua, les rentamos pipa

El principal problema en el municipio de Viesca es la falta de agua. Así lo dice cualquier poblador al que se le pregunte y así también lo reconoció el secretario del Ayuntamiento, Agustín Rivera. “Viesca es semidesértico y se batalla con el agua”, comentó. Pero la alcaldesa Nadia Jaramillo encontró “una solución inmediata”, como lo llamó en su segundo informe de gobierno.

A partir del minuto 41 de su informe, la alcaldesa presumió que se dotó de agua con pipas a las comunidades y se gastaron 2 millones de pesos en 2020. Lo que no dice, es que la pipa que renta el municipio la adquirió su familia.

Semanario solicitó (folio 050105600001021) copia de las facturas por el servicio de renta de pipa de agua, como la misma presidenta lo informó. Pero, otra vez, el municipio no respondió.

El síndico Gustavo Ordaz refirió que han cuestionado el gasto en agua para comunidades pero no informan. Además, señaló que no hay constancia de que se entregue. El municipio tampoco tiene camión de basura pero según el síndico Gustavo Ordaz y la regidora Alejandra López, la familia de la alcaldesa compró uno y es el que recoge la basura. Se desconoce cuánto le paguen. “Nunca han querido mostrar nada”, señaló el síndico.

Pero a las afueras de la casa de la alcaldesa Nadia Jaramillo o de su papá Óscar Jaramillo en el ejido Zapata, siempre se encuentra una pipa.

“No sé cómo estén facturando el agua y la basura”, reclamó el síndico Gustavo Ordaz.

El secretario del Ayuntamiento admitió que se renta una pipa y un camión de volteo para recoger la basura porque antes se contrataban camionetas, pero no les cabía lo suficiente. “No sé si se renta y está prestado y es lo que hace la recolección. Desconozco si sea de ellos (familia de alcaldesa), no los veo, ni los veo manejando. Ni cuánto se gasta en ello”, argumentó.

Pero esa opacidad también se refleja en otros temas, afirmaron el síndico Gustavo Ordaz y la regidora Alejandro López. Por ejemplo, en el 290 aniversario de Viesca denuncian que el municipio gastó un millón 200 mil pesos, pero no hay informe del gasto ni del ingreso por el costo o venta de cerveza, por ejemplo.

En próximos días asumirá el cargo de presidente municipal, Hilario Escobedo de la Paz, también del PRI.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.