A las afueras de Palacio Nacional, desde el lugar donde el presidente András Manuel López Obrador insiste en que en su gobierno ya no se violan los Derechos Humanos, decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos por parte de las fuerzas federales se postraron para exigir justicia.
Un grupo de al menos 50 personas, en su mayoría familiares de víctimas de delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y uso excesivo de la fuerza a manos presuntamente de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional “clausuraron” simbólicamente las instalaciones de Palacio Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Hemos venido para exhibir las deficiencias en las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, la complicidad de los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el silencio cómplice de la Comisión nacional de Derechos Humanos”, acusó el defensor de los derechos humanos, Raymundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Con pancartas de exigencia de justicia para las víctimas y “cárcel a militares asesinos”, los manifestantes autodenominados como la “Caravana contra la Impunidad de las Fuerzas Armadas” arribaron desde el lunes de esta semana para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las familias inconformes se encuentran las señoras Gregoria Hernández, Fabiola Reyes, Dolores Romero y Manuela García, cuyos hijos fueron presuntamente víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES), ocurridas entre febrero y mayo de 2018.
Sin embargo, Raymundo Ramos, de quien el presidente López Obrador reconoció que fue víctima de intervención telefónica como parte de los “trabajos de inteligencia” que realiza el Ejército en su gobierno, reiteró que los casos en los que se exige justicia y reparación integral para las víctimas ocurrieron en los últimos cinco años.
Como el caso de Verónica Patricia Treviño Rubí, sobreviviente de la agresión de elementos de la Guardia Nacional en el que fueron asesinadas tres personas, incluyendo una joven madre de 15 años y su hijo no nato de ocho meses, en abril pasado en el Libramiento Mex II en Nuevo Laredo, y a la fecha no ha recibido la atención necesaria de las autoridades responsables.
Ella fue víctima de uso excesivo de las fuerzas en abril de este año le dispararon directamente dos unidades de Guardia Nacional; a ella le dispararon estando en el piso y le dañaron su pie izquierdo, tuvieron que amputárselo y el pie derecho no le responde. LA Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no le ha ayudado en ningún solo gasto de las cirugías que ha tenido que enfrentar para sobrevivir, señaló el activista en conferencia desde el Senado de la República.
De acuerdo con los manifestantes, quienes exigen un encuentro con el presidente López Obrador, de 2018 a 2023 se contabilizan al menos 70 casos de víctimas de delitos y violaciones graves a los derechos humanos cometidos por elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
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