l gobierno de Veracruz lanzó una alerta por cinco millones de pesos para obtener información sobre el paradero de Luis Ángel Bravo Contreras, el ex fiscal general del estado, por los probables delitos de desaparición forzada en una red de funcionarios de la que él formaba parte.
En pleno proceso electoral, el gobierno estatal inició el proceso de captura contra el exfuncionario que hasta hace unas semanas se le veía hacer ejercicio en el boulevard Manuel Ávila Camacho de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Por este caso se ha procedido contra el exdirector de Servicios Periciales, la ex fiscal de Investigaciones Ministeriales y contra una ex delegada de la Policía Ministerial, por lo que en estricto apego al artículo 106 del código penal de procedimientos penales (…) el gobierno de Veracruz ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a la persona o personas a la captura de Bravo Contreras”, dijo el gobernador en rueda de prensa.
En temporada electoral, se lanza la recompensa más alta que ha ofrecido la administración, incluso más alta que secuestradores, asesinos y narcotraficantes.
A Luis Ángel Bravo se le acusa de haber sido omiso en el caso de 13 personas desaparecidas durante el 2015 y 2016 en el que la red de funcionarios operó para decidir dónde aparecerían los cuerpos.
Algunos de estos fueron lanzados en la Barranca de “La Aurora”, donde sólo seis cadáveres fueron encontrados. Otros restos fueron dispersados en diferentes municipios.
La historia política de Luis Ángel Bravo no es tan amplía y solo se remite a una amistad con Javier Duarte de Ochoa, que le sirvió de trampolín para acomodarse, primero en la consejería del Instituto Veracruzano de Acceso a la información (IVAI).
Había ocupado algunos puestos menores en agencias del Ministerio Público a inicios del siglo y como presidente en el Colegio de Abogados de Córdoba.
El abogado trabajó de manera particular hasta que su amigo Javier Duarte de Ochoa lo llevó hasta el cargo en el IVAI. Su nombramiento fue muy comentado, no por el perfil profesional de Bravo, sino por los escándalos en “La Jaiba Loca” donde agredió a varios funcionarios públicos por defender a una familia propietaria de hoteles en Córdoba y Orizaba.
El 7 de noviembre de 2011 Bravo fue nombrado consejero del IVAI y meses más tarde presidente del organismo.
Sumamente cuidado en su físico y aspecto, hay quienes dicen se maquillaba para ocultar las ojeras, Bravo llegó en 2014 como principal propuesta para ocupar la Procuraduría General Estatal.
Amadeo Flores Espinosa, antecesor del ahora prófugo, dejó la dependencia ante el creciente número de desapariciones forzadas y con el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se dieron desde la Secretaria de Seguridad Pública.
Duarte, alardeando de su cargo y su entonces poderío, invitó a Luis Ángel a su despacho la mañana del 17 de febrero de 2014. Ambos salieron al balcón, hecho que fue ampliamente documentado por la prensa veracruzana y daba por hecho que sería el nuevo titular.
La administración no fue halagüeña para la sociedad veracruzana. En su primer año ya se documentaban mil 200 desaparecidos y lo colectivos de madres comenzaban a consolidarse.
Con la creación de la Fiscalía Estatal, Bravo Contreras fue impuesto como fiscal por nueve años; sin embargo, el ocaso de la administración duartista también arrebató las esperanzas de la continuidad transexenal.
Al triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador panista, acomodó las posiciones para beneficiar a Jorge Winckler, abogado de confianza de la familia Yunes y amigo del nuevo mandatario.
El entonces fiscal coqueteaba con Diego Fernández de Cevallos, quien según la versión difundida desde la misma oficina del funcionario, le propuso trabajo. Esto fue desmentido por el propio Fernández de Cevallos.
El 26 de noviembre de 2016 Luis Ángel Bravo Contreras presentó su renuncia para no volver a reaparecer en los escenarios públicos. RB
