Las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos “son violatorias de la Carta Magna, ocasionan incertidumbre jurídica, violentan la libre competencia y dan pie a transformar nuevamente a Pemex en un monopolio del Estado”, consideró el economista Mario Di Costanzo.
En un artículo publicado este sábado en el portal de noticias López-Dóriga Digital, el especialista advierte que la introducción de nuevo artículo (el 59 bis) es “el más agresivo e inconstitucional”.
Dicho precepto establece que tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender los permisos expedidos cuando se prevea un peligro para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
Sin embargo, estos conceptos no están definidos con claridad, lo que “genera la posibilidad de actos de discrecionalidad de la autoridad y una gran incertidumbre jurídica para los actuales y futuros participantes del mercado”, afirma el autor.
“Es clara y directa la intención del gobierno de impedir la competencia de los agentes privados con Pemex, al igual que lo hace la Ley de la Industria Eléctrica que ha sido detenida por el Poder Judicial, ya que las modificaciones que se proponen eliminan el concepto de competitividad, que está contenido y definido en el artículo 25 Constitucional”, puntualiza.
Otro de los riesgos que advierte Di Costanzo es el planteado en el artículo 53, que pretende limitar y cancelar el número de permisos que sean otorgados a los privados para el transporte, distribución e importación de hidrocarburos, pues si la autoridad competente no resuelve en un plazo de 90 días los permisos solicitados, se asumirá como respuesta negativa.
Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador
envió a la
Cámara de Diputados
una iniciativa para
reformar la Ley de Hidrocarburos, a fin de que las empresas del Estado jueguen un papel más activo en el sector.
La propuesta presidencial plantea, entre otras medidas, la revocación, suspensión e intervención de los permisos otorgados por el gobierno debido a
motivos
como peligro para la seguridad nacional, energética o económica.
La iniciativa, que incluye a los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, argumenta que la participación de la iniciativa privada pone en riesgo la seguridad y economía del país.
“Se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, energética o para la economía nacional”, refiere la propuesta presidencial.
“Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”, agrega el texto.
De acuerdo con Di Costanzo, la iniciativa recurre a una clara violación de principios jurídicos básicos como la seguridad y certidumbre jurídica, y la no retroactividad de las leyes, por lo que la califica de “expropiación disfrazada”.
“La iniciativa también violenta el Tratado Comercial con Estados Unidos y seguramente provocaría paneles de controversia por los cambios de reglas conforme lo ya acordado y firmado por el actual gobierno y es un nuevo ataque a la inversión privada nacional y extranjera del país”, anticipa el autor.
