El presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en “apología del delito”, al provocar amenazas de muerte en contra de actores políticos y no condenar las acciones intimidatorias de sus simpatizantes, señala un estudio publicado este martes por la organización Signos Vitales.
“Aunque el Presidente justifique sus agresiones al llamarlas ‘derecho de réplica’, existe un temor en algunos sectores de la sociedad mexicana por las posibles consecuencias que sus comentarios podrían tener fuera de la vida institucional”, advierte el documento denominado El Estado mexicano a revisión”, que analiza las intromisiones del Ejecutivo en la impartición de justicia.
Un ejemplo de los riesgos que conllevan los ataques verbales desde las conferencias mañaneras es la quema de una piñata que simulaba ser la ministra Norma Piña, acto que fue realizado el 19 de marzo pasado por parte de simpatizantes de López Obrador durante una movilización convocada por el propio mandatario, quien en el contexto de la sucesión de la presidencia de la Corte consideró a Piña como su adversaria política.
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“Una vez que Norma Piña asumió la presidencia de la Corte, López Obrador la señaló de colusión con actores políticos como Genaro García Luna y Francisco Cabeza de Vaca, al responsabilizarla por el descongelamiento de las cuentas de la esposa de García Luna y dejar sin efecto la orden de aprehensión que existía en contra del exgobernador de Tamaulipas. Casi inmediatamente, diversas cuentas de redes sociales como Twitter propagaron amenazas de muerte contra la ministra. En estricto sentido, se ha promovido la apología del delito”, refiere la investigación.
El documento incluye un capítulo para detallar la concentración de poder que ha tenido el Ejecutivo federal. Resalta como rasgos del gobierno de López Obrador la toma de decisiones unilaterales, el uso discrecional y opaco del presupuesto, amenazas a las instituciones, concentración de recursos y competencias, violación al marco normativo sobre los derechos humanos, vulneración al principio de separación de poderes y ataque a la libertad de expresión.
Durante la presentación del informe, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE, dijo que la concentración de funciones formales e informales en la figura de López Obrador “responde más a una lógica de ejercer y mantener el poder que a un afán de resolver los problemas nacionales”, por lo que “su legado estará determinado más por lo que dejó de hacer que por lo que hizo”.
El informe refleja que el Estado mexicano está amenazado por la eliminación de contrapesos al Poder Ejecutivo, la subordinación del Poder Legislativo (que ha dejado de ser espacio de pluralidad, deliberación y fiscalización), la debilidad e ineficiencia del Poder Judicial, el bajo nivel de confianza ciudadana hacia los partidos políticos y la opacidad con que se manejan los gobernadores.
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