Las autoridades encargadas de combatir la corrupción en México “no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de manera efectiva”; además, la capacidad de las autoridades administrativas facultadas para indagar y perseguir actos de corrupción es baja.
Esas son las conclusiones a las que llega la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica (EAL) 2021-2022, elaborada por Lawyers Council for Civil and Economics Rights, New York City Bar y Cyrus Vance Center for International Justice, organizaciones que dieron a ejecentral un adelanto del documento que se presentará este miércoles.
La EAL mide tres indicadores: legislación anticorrupción, capacidad de las autoridades para inhibir los actos deshonestos e implementación de acciones para reducir el flagelo. México tiene una situación peculiar, pues posee el puntaje más alto en legislación, pero su posición se derrumba en los otros dos rubros.
“México es uno de los ejemplos a nivel regional de cómo una buena legislación no es suficiente (para combatir la corrupción) si no hay instituciones independientes y con capacidad para implementar ese marco jurídico”, advierte el estudio, que ubica a México y Perú como los países que descendieron respecto a los indicadores de 2020.
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En la edición 2021-2022, la EAL coloca a México en la posición número 9 de 17 países analizados, con un puntaje de 5.64 en una escala de 0 a 10, donde 10 es una eficiente lucha contra la corrupción. El país es superado por Perú (6.06), Ecuador (6.19) y Colombia (6.20).
Los primeros lugares los tienen Uruguay (8.36 puntos), Chile (7.96), Costa Rica (7.04) y Brasil (6.7), en tanto que los peores resultados fueron para Venezuela (2.87 puntos), Guatemala (3.54) y Honduras (4.05).
Esta es la segunda ocasión que se realiza la EAL para medir el nivel de compromiso de los países con la erradicación de la corrupción. Según los editores, “en los países analizados en la edición anterior no se detectan avances significativos y, al contrario, se periben algunos retrocesos en independencia y capacidad de autoridades en Guatemala, México y el Perú”.
Para México, las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción son la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial de la Federación y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
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