Contratos asignados a 99 empresas por mil 586 millones de pesos son una de las razones por las que la fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la comparecencia de Francisco Vega de Lamadrid, exgobernador de Baja California, quien también es investigado por peculado y colusión de funcionarios públicos.
La presencia del exmandatario en las instalaciones de la FGE se debió al asunto relacionado con las compañías, las cuales, en teoría, brindaron distintos servicios a la administración estatal que encabezó el panista de 2013 a 2019.
Sin embargo, Pedro Ariel Mendivil, fiscal regional, declaró para el diario La Jornada que no existen elementos suficientes para probar que las empresas referidas realmente sí cumplieron con lo acordado en el contrato.
La cita de Vega de Lamadrid en la FGE se dio después de que la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia de esta dependencia recibió una denuncia en contra del exgobernador, la cual fue presentada por la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de la entidad.
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En esta demanda, presentada el pasado 5 de mayo, se precisó que se advirtió la presencia de “operaciones irregulares” que, en conjunto, ascienden al monto referido. Estas transacciones involucran a diversos funcionarios públicos de la administración del exmandatario.
Los señalados son Baldomiro Hernández, secretario de Finanzas; Enrique Remigio Salcido, director de Normatividad; Rutilio Pérez, director de Adquisiciones; y Loreto Quintero Quintero, oficial mayor quien actualmente es diputada.
De acuerdo con reportes de la prensa local, Vega de Lamadrid estuvo en las instalaciones de la FGE menos de media hora. El exgobernador solicitó copia del expediente y no dio declaraciones ante las autoridades, su representante legal fue el que se encargó de este procedimiento. GA
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