En la obra del pensador uruguayo Ángel Rama, la Ciudad Letrada se presenta como un espacio cultural donde las ideas fluyen de manera ininterrumpida, fomentando el pensamiento crítico y el intercambio intelectual. Rama, al explorar la interacción entre el poder y los intelectuales, destaca la influencia de estos últimos en la formación y mantenimiento de un orden jerárquico en las ciudades del Nuevo Mundo. Históricamente, las amenazas para esta Ciudad Letrada provenían de grupos marginales, considerados “bárbaros” por su falta de compromiso con el conocimiento y/o a la escritura. Estos grupos representaban un riesgo para la integridad de la Ciudad Letrada, ya que su ausencia en el ámbito intelectual y cultural podría socavar sus fundamentos.
No obstante, en el contexto actual, la dinámica ha experimentado una evolución significativa. La auténtica amenaza a la Ciudad Letrada ya no surge exclusivamente de grupos marginados, sino que se manifiesta a través de tensiones políticas y económicas que han alcanzado las puertas de las universidades y centros de pensamiento libre. En lugar de un asedio directo y visible, la Ciudad Letrada se ve confrontada con una amenaza más insidiosa, donde la autonomía académica se ve comprometida por las expectativas y demandas de aquellos que financian las instituciones educativas o de quienes buscan promover agendas políticas mediante su influencia en estos espacios de conocimiento.
En este sentido, toma relevancia la reciente controversia en torno a los testimonios de tres influyentes presidentas universitarias —Claudine Gay de Harvard, Elizabeth Magill de la Universidad de Pensilvania (UPenn) y Sally Kornbluth del MIT— en una audiencia sobre antisemitismo en el Congreso de los Estados Unidos. El trasfondo de este conflicto se centra en la forma en que estas líderes universitarias respondieron a preguntas sobre el antisemitismo después de los ataques de Hamás a Israel y la ofensiva militar en Gaza. La controversia se ha ampliado más allá de la audiencia, planteando cuestionamientos sobre la libertad de expresión en los campus y generando implicaciones significativas.
Elizabeth Magill, presidenta de UPenn, se vio obligada a renunciar tras críticas a sus respuestas combativas ante la congresista republicana Elise Stefanik. Magill defendió la decisión de permitir que se desarrollara un festival de literatura dentro del campus y defendió el derecho de los estudiantes en condenaran las acciones de Israel en torno al conflicto de Gaza. Claudine Gay de Harvard y Sally Kornbluth del MIT también ofrecieron respuestas que abogaban por la libertad de expresión que no hicieron más que avivar la tormenta política.
Esta controversia destaca la complejidad que implica abordar el tema del antisemitismo y la crítica a las acciones de Israel en el espacio público. Sin embargo, va más allá al poner de manifiesto la delicada línea que enfrentamos hoy en día al discutir asuntos complejos y no claramente definidos en una sociedad aparentemente dividida desde su núcleo, lista para cancelar de inmediato a aquellos que expresen opiniones que no se alineen con lo establecido.
En este caso particular, la presión política, la participación de donantes y los significativos intereses financieros se han entrelazado, creando un entorno donde la libertad académica está en juego. Donantes como Marc Rowan y Ross Stevens han exigido renuncias y retirado sus donaciones, destacando la creciente influencia externa en la toma de decisiones universitarias. Incluso el gestor de fondos de cobertura William Ackman, un influyente benefactor de Harvard, ha adoptado una postura más radical al instar a los ejecutivos a no contratar a estudiantes vinculados a grupos que condenaron las acciones violentas del ejército israelí. Ackman llegó incluso a exigir que la universidad publicara una lista de miembros de organizaciones estudiantiles que responsabilizaron a Israel por el ataque de Hamás.
Hasta ahora, en México se ha defendido en gran medida la autonomía universitaria, a pesar de enfrentar titubeos y amenazas de intervención tanto gubernamental como privada. Sin embargo, con la creciente privatización de la educación superior, se agrega otra capa de complejidad, generando nuevas preocupaciones sobre la influencia indebida que los agentes externos puedan tener en las decisiones de los centros de enseñanza. ¿Hasta qué punto es aceptable que los donantes tengan el poder de remover profesores, administradores o cambiar la currícula de las clases? ¿Hasta dónde defender la libertad de expresión y a costa de qué?
A mi ver, la presión política o económica para que las instituciones condenen o defiendan ciertas posturas o eventos limita la diversidad de perspectivas y la libertad de expresión, desafiando la esencia misma de la educación superior. Las universidades, en lugar de ser bastiones de pensamiento independiente, podrían convertirse en lugares donde “la verdad” se venda al mejor postor. Por eso, es fundamental recordar que la diversidad de opiniones es intrínseca a cualquier comunidad académica saludable.
Las universidades y demás centros de enseñanza deben ser entornos donde se fomente el diálogo respetuoso y se celebren las diferencias de opinión. Sin embargo, el descrito asalto a la Ciudad Letrada amenaza con convertir estos espacios en campos de batalla ideológicos, donde la censura y el conformismo sustituyen a la apertura y la exploración intelectual. En este crítico momento, debemos reafirmar nuestro compromiso con una academia que florezca en la confrontación de ideas, resistiendo cualquier intento de convertirla en un mercado donde las convicciones se subastan al precio más alto.
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