En lo que representa un cambio en la visión del caso Ayotzinapa, el subsecretario Alejandro Encinas anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación para determinar si funcionarios y jueces están involucrados en la liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Adelantó que, de seguir la tendencia en el criterio judicial, están en riesgo de ser liberados 50 acusados más. Hasta ahora ya suman 53, de los 142 detenidos, los que han sido liberados; pero la del presunto líder de Guerreros Unidos es la primera absolución que se da por presunta insuficiencia probatoria.
Encinas Rodríguez señaló que durante el proceso se han presentado 107 pruebas recabadas durante las averiguaciones que abrió la entonces PGR, pero el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ha desechado 63 por violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad.
Cuando inició esta administración el discurso sobre Ayotzinapa respaldaba la resolución de un tribunal de Tamaulipas que sostenía que los detenidos habían sido torturados y debía crearse una comisión para investigar el caso. Después de revisar este fallo, y tras 10 meses de revisión del caso, el gobierno se pronuncia contra los integrantes del poder judicial que han liberado a los detenidos.
“Habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que, con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos”, advirtió el funcionario.
El gobierno federal, dijo el funcionario, envió un exhorto a la FGR para que refuerce las capacidades técnicas, materiales y humanas de la Unidad de Investigación para reparar los rezagos de la “ineficiente procuración de justicia”, que tienda las irregularidades y para que realice una investigación diligente, imparcial y apegada al debido proceso legal.
“Para que rencause la investigación, subsane las omisiones y permite una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades no civiles en esta desaparición”, advirtió.
‘Verdad histórica’ se creó en beneficio de perpetradores
Alejandro Encinas reveló que la investigación se hará porque, como en este caso, en vez de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorece el silencio y la impunidad.
“Por parte de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la FGR hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes”, apuntó el subsecretario de Gobernación.
En tanto, reveló que los 50 detenidos que se encuentran bajo investigación podrían quedar en libertad, no sólo por la presunta tortura a la que fueron sometidos, sino porque el juez desestimó las pruebas que se presentaron de su presunta responsabilidad en el caso de delincuencia organizada y secuestro de los normalistas.
El sábado pasado, Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, dejó en libertad a “El Gil”, que presuntamente habría ordenado la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014.
“El juez que liberó a El Gil tendrá una gran interpretación de la ley, pero no podrá explicar este acto de injusticia con las víctimas”, aseguró Encinas, a la vez que señaló que la “mal llamada verdad histórica” se creó en beneficio de los victimarios y no de las víctimas.
Tras la liberación, Clemente Rodríguez, padre de uno de los normalistas desaparecidos, aseguró que el juez libera al presunto delincuente sabiendo que es culpable, pero reconoció la voluntad del actual gobierno para esclarecer el caso.
También Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó las deficiencias que tuvo la PGR durante las consignaciones, que han llevado a la liberación también de Joaquín Lagunas Franco, “El Omega”, Juan de la Puente Medina y Óscar Veleres Segura, también detenidos con relación al caso.
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