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La iniciativa de ley H.R. 6530, interpuesta al final de los trabajos del 114 Congreso, por los representantes federales republicanos Duncan Hunter, Tom McClintock y Lou Barletta, será de las primeras en ser activada una vez que se reúna el nuevo Congreso este mes.
La propuesta pretende enmendar la “Ley de Educación Superior”, para prohibir el proveer fondos a universidades y colegios que violen las leyes de inmigración.
La iniciativa, conocida también como “Ley de No Financiamiento para Campus Santuario” busca además, el establecer sanciones financieras para cualquier “institución de educación superior que viole las leyes de inmigración”.
La iniciativa pretende poner fin al creciente numero de universidades han adoptado medidas o se han proclamado “santuario” al comprometerse con la seguridad de sus estudiantes, especialmente los indocumentados conocidos como “dreamers” beneficiados por el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
El movimiento surgió tras la elección de Donald Trump y luego de que el presidente electo prometiera a lo largo de su campaña que eliminaría el DACA, que ha autorizado a unos 750 mil jóvenes indocumentados continuar sus estudios, al permitirles permanecer en el país sin riesgo de deportación hasta por dos años con derecho a renovación.
Desde noviembre pasado decenas de instituciones se han comprometido a proteger y apoyar a sus estudiantes, sin importar su estatus migratorio, origen nacional, religión y algunas de ellas se han proclamado abiertamente como “campus santuario” al sostener que no cooperaran con las autoridades migratorias.
Estudiantes en más de un centenar de otras universidades están presionando también a sus instituciones a declararse como campus santuarios.
La iniciativa de ley H.R. 6530 busca poner fin a este movimiento, amenazando con imponer sanciones a las instituciones educativas que desafíen las leyes federales de inmigración.
“No es nada extraño esperar que las instituciones de educación superior de la nación sigan la ley de la misma manera que esperamos que los estados y localidades cumplan con la ley”, dijo el representante federal Duncan Hunter, en declaraciones esta semana al periódico Washington Examiner.
“Si una escuela quiere dinero federal, una declaración abierta de que es un santuario debe descalificarla para recibir apoyo federal”, señaló.
La iniciativa de Hunter y de sus colegas republicanos McClintock y Barletta, define un campus de santuario como cualquier escuela que decreta una ordenanza o política que prohíba o restrinja a cualquier institución de intercambiar información con funcionarios federales sobre el estatus migratorio de una persona, o que impida su detención.
El proyecto de ley amenaza a las universidades y colegios que inscriban o albergan un inmigrante indocumentado en violación de la ley federal, o permitan que el indocumentado sea elegible para “cualquier beneficio de educación postsecundaria”.
Bajo la iniciativa, el Departamento de Seguridad Nacional deberá informar públicamente cada vez que decida que una institución es una escuela santuario.
El proyecto de ley también penalizaría a las instituciones por proporcionar cualquier beneficio público, incluida la colegiatura similar a la que se cobra a los residentes del estado.
“Es el sentido del Congreso que el proporcionar el beneficio público de la matrícula en el estado a un extranjero que carece de estatus legal de inmigración en Estados Unidos crea un incentivo para la inmigración ilegal y alienta e induce a los extranjeros a entrar”, escribió Hunter en la iniciativa.
RB
