La facilidad de comprar un dron ha permitido a los grupos criminales utilizarlos para espiar, vigilar movimientos de fuerzas de seguridad, atacarlos y hasta transportar drogas, reconoce la iniciativa enviada al Congreso por parte del gobierno federal para modificar las leyes para poder perseguir y sancionar más severamente estos actos.
Ante los distintos embates de la delincuencia, el documento reconoce que “México no posee los controles suficientes para el buen uso, ni para garantizar la seguridad de la sociedad, la integridad física, el derecho a la vida y los bienes de las personas”, con el uso de las aeronaves piloteadas a distancia.
El texto plantea que “con la evolución de la tecnología en materia de aviación civil, el uso de estos artefactos tecnológicos ha ido en aumento. Si bien representan un avance significativo en los ámbitos político, económico y social que beneficia el desarrollo de la economía (…) su uso y operación tiene mayores probabilidades de causar alguna afectación a las personas y sus bienes, además de problemas en la seguridad aérea”.
En la exposición de motivos del proyecto de reformas, el Presidente sostiene: “Actualmente, organizaciones delictivas realizan actividades en las que utilizan artefactos aéreos no pilotados que adaptan para transportar explosivos que son lanzados a personas, utilizados en enfrentamientos y contra autoridades de los distintos órdenes de gobierno. También se ha observado su uso en el transporte de droga y en el espionaje para obtener información privada de personas, fundamentalmente, del orden público, afectando así la paz social”.
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Como parte de sus argumentos, el documento ofrece cinco ejemplos de cómo “en los últimos años diversas organizaciones delincuenciales han utilizado los drones para fines criminales”. Cuatro de los casos han sido en el territorio nacional (Michoacán, Baja California y Ciudad de México) y también mencionan los usos de esta tecnología en la guerra en Ucrania.
La propuesta cita el caso en que “la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó sobrevuelos de drones no autorizados en zonas cercanas al Centro. Se implementó un sistema antidrones, dado el peligro que representa que estos artefactos sobrevuelen Palacio Nacional con material explosivo o venenoso, para espionaje o hackeo o con cualquier otro objeto”.
El proyecto, firmado por el presidente López Obrador, reconoce que “los drones también son utilizados en la actividad de vigilancia y seguimiento de la delincuencia organizada, conocida coloquialmente como ‘halconeo’, que realiza para conocer los movimientos de la autoridad, de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, para proporcionar información a personas delincuentes, evitar la acción de dichas instituciones, así como para ejercer actos violentos en contra de sus integrantes”.
DATO. 3 estados de la República han reportado uso de drones por parte de grupos delincuenciales.
“La normativa vigente no sanciona de manera eficiente y proporcional las conductas que causan algún daño o perjuicio a las personas o bienes que se realizan con dichos sistemas, por lo que resulta necesario prever en el Código Penal Federal sanciones a este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de las y los agentes de la autoridad, a la población en general y afectan la efectividad de la función del Estado en materia de seguridad”, admite el proyecto.
Es por ello que propone que se eleven las sanciones, modalidades y condiciones de los delitos cometidos con esta tecnología.
El Código Penal Federal incluiría, de aprobarse por el Congreso, un nuevo apartado que considera los delitos “contra la Seguridad Pública” y que sanciona el uso de aeronaves pilotadas a distancia “con las que se arrojen explosivos en contra de personas o bienes; se impacten en una persona o un bien con el propósito de causar daño; se manufacturen o armen para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas; se fotografíen, graben audio o video para vigilar las actividades de personas servidoras públicas”.
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