Mientras los legisladores siguen midiendo el pulso religioso de las diferentes Iglesias en el país, ya sea aprobando, congelando o redactando iniciativas que nunca serán leídas en el pleno respecto a temas sensibles, los líderes de las Iglesias se engañan y engañan a otros tratando de mostrar que su poder moral tiene más peso político que el de todos los partidos juntos y que pueden acorralar al Estado para imponer una moral, negando el reconocimiento de todos los derechos para todos.
Desde hacía varias semanas, religiosos de diversas congregaciones comenzaron a difundir en sus redes que el Congreso de Quintana Roo aprobaría la despenalización del aborto. Sacerdotes y pastores convocaron a través de sus cuentas a enviar mensajes a los legisladores pidiéndoles recapacitaran su voto para impedir que “se matara a los bebés en el vientre de su madre”. Fue hasta el martes 2 de marzo cuando fue desechado el dictamen que permitía la interrupción del embarazo.
Como consecuencia, más de 25 colectivos promoverán ante la Suprema Corte un amparo que impida el encarcelamiento de quienes aborten, lo que seguramente será un hecho. Es decir, la “lucha” en la que parece triunfaron los moralistas, será tarde o temprano el comienzo de un paso hacia el reconocimiento de los derechos humanos en este campo.
La connotación que los fundamentalistas han dado a la “aprobación” o “rechazo” del aborto es también ideológica de su parte, razón a la que aluden cuando se aborda el tema en diversos foros. Hacen creer que con la despenalización se instaurará algo así como una obligatoriedad para que toda mujer en periodo de gestación sea un deber nacional. Penalizado o no, los abortos en el país continuarán realizándose lo mismo en las entidades en donde no se encarcela a quienes lo requieren que en aquellas donde hay gratuidad médica para hacerlo. Esos grupos deberán reconocer que en sus templos también hay mujeres pro abortistas, feministas, que tienen un pañuelo verde y que pueden contar vivencias dignas de una novela.
Horas antes del dictamen en Quintana Roo, los evangélicos firmaron fast track una carta con sus argumentos bíblico-morales donde pidieron a los diputados “resguardar” el derecho a la vida y no aprobar el aborto.
Todavía estaban los religiosos en sus oraciones, rezos y cánticos espirituales afuera del recinto cuando apareció el otro fantasma que dicen pretenden aplicarles una especie de “ley bozal” para sancionar y hasta llevar a la cárcel a Ministros de Culto que se atrevan a discriminar a integrantes de la comunidad LGBTT llamándolos “pecadores”.
Esto mediante una propuesta de ley que se discutiría en San Lázaro el miércoles pasado de la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega.
Los líderes hicieron creer a sus seguidores que esta propuesta es nueva, pero fue redactada desde octubre del año pasado. Es una iniciativa con proyecto de decreto que consiste en reformar la ya obsoleta Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 29 para “sancionar expresamente a las Iglesias y Ministros de Culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresiones de género, con el objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual”. Y se pretendió leer en el pleno el miércoles 3 de marzo, pero no tiempo ni cuórum, ni voluntad.
Líderes como el representante de la Iglesia Nacional Presbiteriana, Adolfo Arias Job, consiguió una reunión con diputados priístas para protestar por esta iniciativa. Otros de sus colegas apanicaron a sus seguidores en redes diciendo que “el Gobierno estaba a punto de promulgar una ley que nos impedirá ejercer la libertad de culto y encarcelarnos por llamar pecadores a los homosexuales”, lo cual le atribuyen no a una diputada, sino a toda la bancada de Morena en la Cámara Baja.
Aunque la iniciativa tiene como destinataria a la Iglesia Católica, el clero supo leer el mensaje y guardó sabio silencio, contrario a los evangélicos que leyeron, pero no disciernen el mensaje.
En fin, lo que entienden líderes, pastores, sacerdotes miembros de la corriente ProVida sobre discriminación, derechos humanos, libertad de culto, “ideología de género” y otros tópicos dista mucho de lo que en realidad se pretende para que todos los mexicanos y mexicanas podamos ejercer en un país de leyes que todos deben respetar, y sin menoscabar las esferas: unos haciendo leyes terrenales y los otros llevando a cabo su doctrina sin querer imponerla a todos.
“Mi pueblo perecen por falta de conocimiento”, (Oseas 4:6).
PALABRA DE HONOR: Continúan latentes el pago de cuotas y el amiguismo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos: ahora fue la Quinta Visitadora, Elizabeth Lara Rodríguez, a quien hicieron renunciar. Es la cuarta funcionaria de ese mismo nivel que se debe ir, “por instrucciones superiores”. Por eso se siguen violando derechos dentro y fuera de esa Institución que se supone los protege.
