Durante las pasadas elecciones, en donde el activismo religioso estuvo más presente que en todos los procesos anteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acusó a Ministros de Culto católicos de inducir el voto de los mexicanos, por haber “transgredido los principios constitucionales de separación Iglesia-Estado y equidad e igualdad”, mediante la difusión de videos en redes sociales que llevaron a cabo en contra, principalmente, de candidatos del partido Morena.
Y, aunque hubo más pastores evangélicos que sacerdotes que orientaron el voto en contra de aspirantes morenistas, los cristianos no fueron investigados. Los magistrados de la Sala Especializada, encabezados por el Presidente Rubén Jesús Lara Patrón, revisaron más de 20 videos que enviaron representantes de partidos políticos, en donde los purpurados y otros actores religiosos invitaron públicamente a no votar por los candidatos “que están a favor del aborto, de los matrimonios entre persona del mismo sexo, a que las parejas de homosexuales puedan adoptar y a otras políticas contrarias
a la vida”, las cuales “sí tuvieron un impacto en el desarrollo del proceso electoral federal”, según indicó el TEPJF.
Será la Secretaría de Gobernación la que imponga las sanciones a los católicos, aunque bien saben en la Dirección de Asuntos Religiosos que no son los únicos que transgredieron la ley. También hay pastores evangélicos que difundieron en sus congregaciones la condena de grupos ProVida a candidatos morenistas, además alientan en redes sociales a no votar por ellos, satanizando todo lo que vaya en contra de lo que llaman “ideología de género”. Además consideran que el “delito” del que se acusa a los purpurados es “pedir a Dios sabiduría para votar y no hacerlo por candidatos pro aborto”, advirtiendo que la sanción es “un ataque” a las libertades religiosa y de expresión.
Hasta el momento, se desconoce oficialmente si algún partido político o un particular interpuso una denuncia de índole electoral en contra de alguno de los más de 70 mil pastores que hay registrados en el país. Pero de que transgreden la ley pidiendo a sus seguidores no votar por Morena, seguro que lo hacen. Son quienes asustan a los incautos haciéndoles creer que existen 48 iniciativas para reformar la Constitución que conformarían un paquete identificado como “Igualdad Sustantiva de Género” que “atenta contra la vida, la familia y las libertades fundamentales”, por lo que exigen un “parlamento abierto” en donde puedan expresar e imponer su óptica moral para todos los mexicanos.
En un afán de evitar estos enfrentamientos político-religiosos, el Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM propone una renovación constitucional y electoral para conformar un nuevo modelo de laicidad que regule las caducas relaciones Iglesias-Estado. La doctora Mariana Molina Fuentes, integrante de la “Cátedra Extraordinaria Benito Juárez” de la Máxima Casa de Estudios considera que no existe actualmente una definición oficial ni tácita sobre “Estado Laico”. Es decir, cada quien interpreta lo que a su conveniencia le abone puntos para involucrar a pastores y sacerdotes en el ámbito electoral, político y social.
En entrevista señala que sería saludable que el legislativo reformara la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público -que no ha sufrido modificaciones desde su creación en el sexenio salinista-. “Por el bien de las Iglesias debe haber una renovación de leyes, porque las actuales se pensaron en restringir la actuación de la Católica exclusivamente, pero hoy las otras manifestaciones espirituales ya están rebasando los límites legales y esto no se puede parar, sino regular… las Iglesias deben participar en el debate público porque la laicidad se está vulnerando”, comenta.
Considera que debe haber cursos de laicidad gubernamentales para Ministros y servidores públicos, en donde unos y otros delimiten, a la luz de una nueva legislación, sus respectivos ámbitos de competencia y derechos, en donde además la religiosidad pierda centralidad, para que la sociedad pueda convivir con distintos grupos de lógicas espirituales diversas. En otras palabras, el gobierno también debe hacer su labor no sólo sancionando a los religiosos, sino integrándolos para la sana convivencia, en donde la capacitación será fundamental.
PALABRA DE HONOR: La equidad de género está llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el nombramiento de la nueva Ministra, Loretta Ortiz Ahlf, suman ya cuatro mujeres en esa Institución. La nueva impartidora de justicia dijo que independientemente de su credo religioso las decisiones las tomará conforme a la Constitución y protegerá los derechos humanos. Se va cumpliendo poco a poco la visión presidencial de empoderar a más mujeres con miras al próximo sexenio.
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