Todo comenzó en Veracruz, cuando en marzo del 2017 el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aceptó que en esa entidad hacían falta garantías para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. A propuesta de varias instancias del Gobierno Federal y de Asociaciones Civiles se exhortó al Congreso Local a reformar el Código Penal para no sancionar con cárcel la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, los diputados movieron los hilos legales y dejaron en la congeladora el asunto.
El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo discutirá el próximo lunes 27 de julio. En la Primera Sala se dictaminará que los legisladores modifiquen los Artículos 149 y 150 del Código Penal que dicen textualmente: “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas… y la persona que haga abortar a las mujeres con su consentimiento, se le impondrán se 6 meses a 2 años de prisión”, incluyendo obviamente a todo el personal médico que esté involucrado en la IVE.
Ante esto, los grupos Pro Vida y las Iglesias ya se preparan para lo que consideran un acto “diabólico” porque saben que si esta modificación se lleva a cabo y se despenaliza el aborto, otras entidades en el país podrán recorrer el mismo camino legal hasta dejar en manos de la SCJN la armonización de sus Códigos con la Carta Magna, que da prioridad a la protección de los Derechos Humanos y reproductivos en todo el país, sin sancionar a quien interrumpa de manera voluntaria su embarazo antes de las 12 semanas. En otras palabras, sería el comienzo de la despenalización nacional del aborto.
El Congreso veracruzano está integrado por 50 diputados y diputadas, 29 de los cuales son del partido Morena. Hay 13 de Acción Nacional (PAN), más uno del PES (Encuentro Social). En estos dos la “sugerencia” a sus integrantes es a votar en contra de iniciativas como los matrimonios igualitarios, la despenalización del uso de la mariguana, el aborto y que se sumen a todo lo que sea “moral y bíblicamente aceptable”. Sin embargo, a pesar de que varios morenistas que ocupan una curul son miembros -o simpatizantes- tanto de las Iglesias Católicas como de las Evangélicas también están recibiendo línea desde la oficina del centro para que se vote a favor de la modificación.
En ambos bandos políticos hay radicalismos, como fue el caso de la senadora Lilly Téllez quien prefirió irse al PAN antes que seguir siendo criticada por su postura antiabortista al interior de Morena, donde la consigna de votar en bloque pesa más que las convicciones personales.
Son pocos los Ministros de Culto que proponen alternativas y acompañamiento tanto para quienes desean abortar, como para los familiares cercanos de la mujer. Incluso la adopción.
Las Iglesias carecen de una propuesta institucional que propongan al Estado para mitigar los altos índices de embarazo entre adolescentes. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, durante esta pandemia más de 100 mil mujeres -entre 14 y 19 años- tendrán un embarazo no deseado, debido a que no acuden al ginecólogo por temor a contaminarse de COVID-19, miedo que se fundamenta en el número de víctimas por causa del virus. Datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva mencionan que de abril a la fecha han fallecido 83 mujeres por coronavirus.
La SCJN discutirá si el Congreso de Veracruz está obligado o no para reformar su Código Penal que hoy por hoy tipifica al aborto como un “delito”, considerado por otros como violatorio de los derechos humanos. A pesar de lo que crean las Iglesia, sus Ministros de Culto y las organizaciones que los usan de avanzada haciéndoles creer que Dios está a favor de encarcelar a las que abortan, habrá un precedente histórico en aquella entidad.
PALABRA DE HONOR: Pastores evangélicos de Chihuahua enviaron una carta al Gobernador Javier Corral Jurado, el pasado 2 de julio, donde le avisan que a partir del 12 de julio abrirán sus templos al culto público, a pesar de las restricciones por la contingencia sanitaria. Le explican que sus actividades religiosas deben ser consideradas como “esenciales”, por lo que decidieron que las actividades se reanudarán con el 50% de asistencia, “tomando las precauciones sanitarias adecuadas”.
