Juan Carlos “N” estaba siendo procesado por varios delitos contra la salud desde 2018 en el Módulo II del Centro de Readaptación Social “Aquiles Serdán”. Era miembro de un grupo de cristianos que se reúnen continuamente en el interior de la cárcel y recibía atención espiritual de parte de un pastor evangélico que tiene una modesta congregación en Ciudad Juárez, Chihuahua. El pasado 9 de febrero, Juan Carlos fue asesinado al parecer dentro de su celda. Le inyectaron una sustancia que le provocó un paro cardiorrespiratorio.
A su familia le avisaron días después y llevaron su cadáver a un domicilio en las afueras de la capital chihuahuense para ser velado el viernes 11 de ese mes. En eso estaban amigos, conocidos y familiares en la madrugada cuando varios hombres se apersonaron y comenzaron a disparar a los asistentes. El saldo: 6 muertos y 7 lesionados.
Los sobrevivientes pensaron que si llevaban el cadáver de Juan Carlos a una Iglesia Evangélica para concluir el velorio los atacantes no repetirían su acción, pero no fue así: al mediodía del sábado, nuevamente unos 5 hombres descendieron de una camioneta y con armas largas atacaron a los deudos. Ahí quedaron otros 6 cuerpos, entre ellos el de Jorge Antonio Torres Valenzuela de apenas 12 años de edad, y el de dos mujeres, aparte de los 3 heridos que fueron llevados a un hospital.
En otro caso, el pastor Octavio Ulises Valdez Figueroa también fue acribillado, pero en Ensenada, Baja California, el 25 de febrero. En pleno culto, 3 hombres le dispararon en el rostro. Tenía 48 años de edad y era también abogado. Estaba al frente de la congregación “Precursores del Avivamiento”, una Iglesia carismática.
Los familiares no han querido hacer declaraciones por instrucciones de la Fiscalía. Se sabe que bandas de narcotraficantes están cobrando “derecho de piso” a comercios y empresas que han sido prósperos en los últimos años. Los comentarios de Ministros de Culto locales coinciden en que los recados de parte de los capos, para permitirles que sigan celebrando cultos y otras actividades propias de su Asociación Religiosa, son ya un secreto a voces.
El pasado 3 de marzo en Mapastepec, Chiapas, la policía localizó el cadáver del pastor Francisco Montes Hernández, cuyo cuerpo tenía varios impactos de bala. Los vecinos del Ejido Nuevo Valdivia, comentan que el religioso vendía pescado en una tienda improvisada en esa localidad y que hace algunos días hizo caso omiso de las advertencias que unos individuos le hicieron para que pagara “derecho de piso” por la venta de sus productos del mar.
El pastor no contaba con registro ante Gobernación, como los miles que organizan cultos sin estar acreditados ante la oficina de Asuntos Religiosos, tenía 58 años de edad y vivía en el municipio de Tapachula, hasta donde han llegado las amenazas de los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según afirman los vecinos.
Estos son sólo algunos nombres de líderes, víctimas colaterales recientes del tsunami violento que azota al país. Líderes de las grandes vertientes protestantes coinciden en señalar que hay muchos pastores que no presentan la denuncia correspondiente sobre las amenazas de los distintos cárteles que hay en México. Y no es que falte valor, sino que sobran las excusas para que las autoridades hagan su tarea, ya sea por complicidad o por desidia, insisten.
PALABRA DE HONOR: La actuación del Fiscal Alejandro Gertz Manero; el aumento de matanzas entre miembros de la delincuencia organizada y de periodistas en Zacatecas, Michoacán, Sonora, Quintana Roo, Baja California, Colima…; los escándalos de la familia presidencial y hasta la violencia colectiva en el estadio queretano se deben a “resabios de los gobiernos neoliberales”. ¿A partir de cuándo asume el poder el Ejecutivo?
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