Va MC contra Sheinbaum por promoción en espectaculares

7 de Noviembre de 2024

Va MC contra Sheinbaum por promoción en espectaculares

Espectaculares Sheinbaum

Hemingway

Foto: @EmilioAlvarezI

Diputados de Movimiento Ciudadano denunciaron la promoción de Claudia Sheinbaum a través de espectaculares contratados en al menos 20 ciudades

Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó su denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la promoción de Claudia Sheinbaum a través de espectaculares que han sido vistos en distintos estados del país, mismos que diputados de Morena se han adjudicado.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, señaló que la contratación de estos espectaculares en al menos 20 ciudades del país son parte de una campaña para posicionar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México de cara a las elecciones de 2024.

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Luego de que al menos cinco diputados de Morena se adjudicaran la contratación de esta propaganda, hecho que causó malestar incluso al interior del partido, Movimiento Ciudadano se presentó ante el INE, órgano al cual se pidió investigar la presunta comisión de ilícitos electorales graves.

Se alegó que no es clara la procedencia de los recursos que fueron utilizados para la contratación de esta forma de propaganda a favor de Claudia Sheinbaum, hecho que podría advertir un uso indebido de recursos públicos.

https://twitter.com/AlvarezMaynez/status/1608182728133844996?s=20&t=wiX3QOzOJHF-zLcyYiNJ9g

A ello se suma el hecho de que los espectaculares, en los que se lee la frase #EsClaudia y se observa la silueta de la mandataria capitalina, representa la posible comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

Los diputados de Movimiento Ciudadano señalaron que en casi de que se compruebe que se usaron recursos públicos para posicionar en el electorado a Claudia Sheinbaum se estaría configurando el delito tipificado en el artículo 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La ley señala que se harán acreedores a una multa de 500 mil días y prisión de cuatro a nueve años a los funcionarios que, durante un proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos o servicios relacionados a programas sociales para su posicionamiento en el electorado. CJG

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