Va Martí Batres contra la corrupción inmobiliaria

A dos días de que en el Congreso de la ciudad de México no se alcanzaron los votos para que Ernestina Godoy fuera ratificada por cuatro años más en la Fiscalía capitalina, hoy el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, anunció nuevas medidas para combatir “la corrupción inmobiliaria”.

Tras dar la bienvenida a Ulises Lara López, designado ayer por Ernestina Godoy como encargado de despacho de la FGJ-CDMX, el mandatario capitalino dio a conocer la iniciativa de reforma para imponer penas de hasta 20 años de prisión para los funcionarios que otorguen permisos de construcción irregulares, cuya sanción aumentará a 10 años más para aquellos que pidan dinero o departamentos a cambio de las autorizaciones.

Acompañado por el ahora fiscal interino, Ulises Lara, así como por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz; y Juan José Serrano, secretario de la Contraloría, Batres Guadarrama lanzó un señalamiento directo en contra del llamado “Cártel Inmobiliario”, en el cual están involucrados altos funcionarios del PAN, particularmente de la alcaldía Benito Juárez.

Lee también: Nearshoring catapultará al sector inmobiliario de México: Fitch Ratings

En ese sentido señaló que la corrupción inmobiliaria que tuvo su auge entre 2009-2021 implicó el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios que lograron “amasar grandes fortunas a partir de los permisos indebidos que otorgan para que se construyan niveles excedentes”.

Pero además recalcó que se trata de un fenómeno en el que a partir de este intercambio en el que los funcionarios otorgan los permisos ilícitos y obtienen dinero o departamentos a cambio de esos permisos indebidos, se desencadena una serie de efectos negativos que derivan en una problemática social.

“La corrupción inmobiliaria es en sí mismo un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo; un impacto en la provisión de agua; un impacto en materia de protección civil, por todas estas razones es que se combate en la Ciudad de México la corrupción inmobiliaria y se va a seguir combatiendo”, advirtió.

En su discurso, Martí Batres reconoció el trabajo de la ahora exfiscal, Ernestina Godoy, por las investigaciones que se abrieron durante su administración al frente de la Fiscalía en contra de la corrupción inmobiliaria y particularmente contra el cártel inmobiliario, al destacar la “valentía” y “entereza” que tuvo para enfrentar a “los grupos políticos que hicieron de la corrupción inmobiliaria un gran negocio”.

La adición de los Capítulos 15 y 276 Quater al Código Penal capitalino establece que el delito de “corrupción inmobiliaria” es cometido por todo servidor público “que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.

Conducta que amerita una sanción “de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales”; las cuales “se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie”.

Y dichas sanciones también serán aplicadas para el círculo cercano del servidor público, incluyendo a su “cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado”, y a cualquier “tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

SIGUE LEYENDO |

Godoy lanza afrenta contra el PRIAN en último día como fiscal

Saborea oposición como primer triunfo electoral freno a Godoy