Urgente una estrategia incluyente en las decisiones educativas

La toma de decisiones en un sistema educativo debe ser un proceso de construcción colectiva entre las distintas instancias de su estructura, no sólo como una forma de dar legitimidad a las acciones que de ahí deriven, sino como mecanismo indispensable para elevar su calidad, pertinencia y sustentabilidad, además de facilitar su implementación. La visión de los tomadores de decisiones nacionales y estatales requiere complementarse y enriquecerse con las contribuciones de docentes, directores escolares, estructura de supervisión y familias, además de las instituciones involucradas.

¿Por qué es insuficiente la visión de los altos funcionarios para tomar decisiones? Una razón es que, aun cuando se trate de personas preparadas y de buena fe, por su ámbito de acción carecen de elementos que sólo conocen quienes tienen la interacción cotidiana con las comunidades escolares.

Maestros, directores y el personal de supervisión aportan elementos indispensables para asegurar la pertinencia de las acciones y orientar su implementación, al igual que las familias. Podríamos resucitar a Barreda, Sierra, Ramírez, Vasconcelos, Zapata, Torres Bodet y Lavalle Urbina para conducir la SEP; aun cuando varios de ellos pasaron años en las aulas, sin la voz de quienes hoy tienen la responsabilidad directa en las escuelas, las acciones no asegurarían éxito en un sistema que se caracteriza por su permanente cambio.

Una segunda razón es la de incorporar a las personas en las decisiones para que se sientan parte de ellas. En la educación contamos en todos los niveles con profesionales que cuentan con una visión y una experiencia dignas de considerarse. No es sensato excluirlos del proceso de definición y suponer que seguirán instrucciones de manera precisa e incondicional.

En las administraciones federales recientes, ha sido frecuente escuchar que sus acciones cuentan con el respaldo magisterial, pero tales afirmaciones tienen serias limitaciones.

Es insuficiente contar solamente con la venia de los líderes sindicales, pues ellos normalmente ponen énfasis en los aspectos laborales por ser su responsabilidad directa, y no en los académicos, además de que muchos llevan años sin trabajar directamente en las escuelas. También son insuficientes las “consultas” que ofrecen a los docentes participaciones muy breves para decir lo que les parezca conveniente: la enorme cantidad de propuestas y su falta de discusión hace virtualmente imposible su procesamiento, por lo que suelen derivar en generalidades que pudieron ser escritas sin consulta alguna.

La construcción colectiva puede realizarse por medio de mecanismos sencillos y accesibles: la entrevista individual a docentes y actores educativos sobresalientes; el diálogo temático con grupos pequeños (grupos de enfoque); y/o la encuesta a grupos grandes. Una combinación bien lograda de estas herramientas, con una distribución estratégica de los universos a considerar, asegura un enorme aprendizaje de la realidad educativa que enriquecerá el diseño de las acciones y mejorará las condiciones para implementarlas.

Otra estrategia para el diseño, implementación, comunicación y seguimiento de las acciones educativas es la conformación de órganos colegiados entre las instancias que participan en ellas. La articulación horizontal es esencial en un sector que, en la metáfora de un exsecretario federal, con frecuencia parece un archipiélago en el que cada instancia es una isla con escasa o nula coordinación con el resto de la institución.

Un órgano colegiado permite articular acciones mediante una interlocución continua que asegure comunicación y coordinación, lo cual resulta esencial para implementar, acompañar y corregir las acciones. Su buen funcionamiento depende de un buen liderazgo, de una actitud positiva de los participantes y de una agenda bien definida que ofrezca un rumbo claro y mantenga el interés de los involucrados.

Este tipo de órganos funciona ya en muy distintos ámbitos: los consejos técnicos escolares y de zona, así como los de participación social, que operan en todo el territorio nacional. En los estados se reúnen, con variada eficacia, las comisiones estatales para la planeación y la programación de la educación media superior (CEPPEMS) y los consejos de planeación del desarrollo (Coplades), por citar ejemplos.

En el nivel federal existen entre otros el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), que tiene alcance nacional, y la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior (Comipems), que reúne solamente a instituciones de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

En suma, la toma de decisiones en el sector educativo requiere de un amplio ejercicio de escucha y construcción de acuerdos, tanto con la estructura operativa como entre las instituciones involucradas.

Esta complejidad, aunada a sus dimensiones, explica la necesidad de contar con plazos largos para el diseño e implementación de programas.

Y de ahí la imposibilidad de generar acciones que sean simultáneamente grandes, rápidas y buenas: de estas tres dimensiones, hay que elegir solamente dos como prioridad, pues la tercera no será posible. La tarea educativa, al fin y al cabo, es para artesanos y misioneros: hay que darle valor a cada individuo; tener paciencia en el proceso; renunciar al protagonismo y saber que los frutos posiblemente se conozcan muchos años después.

Tiempos extra

En noviembre concluyó el primer periodo de evaluación en las escuelas de educación básica. ¿Cuántos estudiantes tenemos en ellas? No lo sabemos, lo cual es ya un enorme problema. Quienes se hayan desvinculado podrían representar un porcentaje bajo pero, en el sector educativo, aún eso preocupa: si hubiera solamente entre 3 y 5% de alumnos desvinculados, tendríamos un problema que aquejaría a entre 765 mil y 1 millón 275 mil personas, de las casi 25.5 millones que estudiaban educación básica en el anterior ciclo escolar (https://bit.ly/3lpABh3). Ellas se sumarían a las 4.8 millones que ya estaban fuera de la escuela antes de la contingencia (Inegi, 2015).

›Para evitar excluir a alumnos que no están en contacto con sus escuelas, la SEP incorporó opciones de calificación que hacen mención a la falta de información para evaluar. Eso es sensato para no reprobarlos y prevenir la exclusión, pero aún no hay un programa que identifique, reincorpore y acompañe a los estudiantes desvinculados. Eso urge.