Actualmente, la Procuraduría General de la República (PGR) hace investigaciones de delitos mediocre, para ello se requiere una #FiscalíaQueSirva, demandaron unas 220 organizaciones de la sociedad civil, activistas e incluso el sector empresarial y cuestionaron la candidatura del procurador Raúl Cervantes, exabogado del PRI, para presidir dicha Fiscalía. Layda Negrete, corealizadora del documental Presunto Culpable y vocera del colectivo “Fiscalía que sirva”, reiteró que las investigaciones hoy se hacen mal, con corrupción y tinte político. Este martes, en una manifestación en el Ángel de la Independencia, la sociedad civil demandó la transformación absoluta de la PGR en una Fiscalía Autónoma, con independencia y alto perfil de servicio y que permita un acceso a la justicia a los ciudadanos para erradicar así la impunidad y corrupción.
¿Cuántos más Ayotzinapas, Tlatlayas, Palmaritos, socavones, #GobiernoEspías y Odebrechts estamos dispuestos a dejar pasar?”, cuestionaron los activistas y defensores de derechos humanos
Demandaron la incorporación de planteamientos sólidos que permitan la libre actuación del nuevo fiscal, que no dependa de ningún ente político, para abatir la incompetencia y la simulación.
Quienes vivimos el sistema de justicia penal desde diferentes ángulos ―a través del litigio, como víctimas o acompañándolas, a través de la investigación o la incidencia― somos testigos de que el uso de la persecución penal con fines políticos y la selectividad del sistema, no cesan”, destacó el Instituto de Justicia Procesal Penal, AC.
Alejandra Zapata llamó a la urgente transformación de la PGR para concretar una institución que tenga por principio la rendición de cuentas. Además demandan una revisión profunda de la forma en la que operan los servicios médicos forenses. Estas organizaciones que trabajan litigando o acompañando a víctimas entregarán un proyecto ciudadano de dictamen al Congreso de la Unión en próximos días y pedirán que su propuesta se discuta en un formato de parlamento abierto de cara a la sociedad. #FiscalíaQueSirva nace como un movimiento colectivo amplio y diverso que reúne a cientos de organizaciones que demandan una institución del Ministerio Público que haga bien su trabajo, no actúe arbitrariamente y ejerza sus facultades y obligaciones en beneficio de toda la sociedad. Destacaron que hoy la Constitución, en su artículo 102-A, prevé un órgano constitucional autónomo que hará las funciones de Ministerio Público. Sin embargo, este texto es insuficiente y hasta peligroso: ¡Admite el pase automático de quien sea procurador al momento de ser aprobadas las leyes secundarias en la materia!, alertaron. Según la experiencia nacional e internacional señalan como indispensable que el nuevo fiscal asuma un periodo transexenal para reducir las condiciones de influencia presidencial o del gobierno en turno, y proponen que la duración en el cargo sea de seis años, y no de nueve como se aprobó en la reforma, y sin posibilidad de reelección. Entre otros, plantean lo siguiente:
- Un proceso de designación del o la fiscal con participación ciudadana, que introduzca de forma obligatoria un perfil y criterios de selección para elegir a la mejor persona y más capacitada, sin conflictos de interés ni vínculos con el poder político. Esto también significa que necesitamos un proceso de remoción estricto, que no esté sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo. Sin esto nuestros derechos al debido proceso y de acceso a la justicia están en riesgo.
- Un modelo de gestión adecuado a los nuevos sistemas acusatorio y de ejecución penal, y modelos de investigación flexible, que cuenten con recursos técnicos y materiales para la investigación eficaz de los delitos en contextos de macrocriminalidad y violaciones de derechos humanos.
- Un servicio profesional de carrera que haga de la función de Ministerio Público una profesión a la que pueda aspirarse. Que solo quienes cumplan con perfiles predeterminados accedan a la institución por sus propios méritos y que su remoción no esté sujeta a la voluntad del o la fiscal.
- Un régimen de transición que incluya un plan de liquidación de la PGR y evite la simple transferencia de personal no calificado.
- Independencia y autonomía de los servicios periciales.
Además, proponen la reglamentación clara de competencias entre los ámbitos federal y local; planes obligatorios de persecución penal; fiscalías especializadas en materia electoral, anticorrupción y derechos humanos, y mecanismos internos de control y rendición de cuentas. Entre las organizaciones que se unen en este movimiento se encuentran ARTICLE 19 Oficina la México y Centroamérica, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Causa en Común A.C., Centro de Análisis e Investigación A.C. (FUNDAR), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH), Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C.y el Centro De Derechos Humanos Paso Del Norte. Además del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA) Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM). Así como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)., México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia(ODI A.C.), Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) , Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Servicios de Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Sonora Ciudadana, Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” que incluye a 80 organizaciones en 21 estados del país. EC
