El 22 de agosto de 2010 un total de 72 migrantes fueron presuntamente secuestrados y asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por un grupo delictivo que posteriormente puso sus restos en fosas clandestinas que fueron encontradas hasta 2011. Sin embargo los familiares de dichas víctimas no tienen certeza de que los cuerpos que les fueron entregados sean de sus consanguíneos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) facilitó una reunión de trabajo de autoridades federales y estatales de Tamaulipas con familiares de las víctimas de aquella masacre para escuchar sus demandas.
Los familiares de las víctimas de la llamada “Masacre de San Fernando”, urgieron que la Secretaría de Relaciones Exteriores utilice la vía diplomática y pida a los gobiernos de Guatemala y Brasil autoricen la exhumación y reconocimiento de víctimas.
Por este hecho las indagatorias continúan abiertas, ante ello los consanguíneos de los migrantes asesinados también solicitaron la creación de la unidad mixta de investigación dentro de la Fiscalía General de la República de México, así como obtener copia de los expedientes en su calidad de víctimas.
Estas demandas se incsriben en el marco de las reuniones que la CNDH solicitó en la Recomendación 80/2013.
En el acto estuvieron presentes el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; un representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña; la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Gloria Elena Garza Jiménez; la Encargada de Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra, y la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara.
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