El desplazamiento forzado de cuatro mil personas en los municipios de Chenalhó y Chalchihuaitán, en los Altos de Chiapas, es insostenible y urge una respuesta integral de las autoridades, pronta, adecuada y que brinde la seguridad necesaria a las víctimas, advirtió la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Urge “ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, proveyéndoles también de protección” posterior, señaló Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH. Jarab señaló necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan esas comunidades. Manifestó su profunda preocupación por la situación de un conflicto histórico por los límites entre comunidades de ambos municipios. La agencia de ONU señaló que entre los desplazados hay muchos que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad, como niños, embarazadas y personas adultas mayores, que “han sido forzados a enfrentar condiciones precarias e inhumanas”. Entre esas duras condiciones, dijo, enfrentan ausencia de refugio adecuado, poco o nulo acceso al agua y la alimentación, falta de condiciones mínimas de salud y en riesgo por inseguridad latente. El organismo internacional recomendó que el proceso cuente con el apoyo y la mediación de instituciones y organizaciones civiles relevantes para poner fin a las tensiones entre las comunidades y asegurar que hechos de ese tipo no vuelvan a ocurrir. Durante su visita al país el mes pasado, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recibió información sobre el caso y al término de su misión aludió la situación de los desplazados. En su momento, llamó al Estado mexicano a tomar “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todos los desplazados indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida”. Además, es preciso crear las condiciones que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad. “La situación en Chiapas es una muestra de una problemática más amplia. El Estado mexicano debe reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado interno y atenderlo de manera estructural”, señaló la relatora en su momento. Asimismo, la ONU-DH llamó a que se pongan en práctica las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso.