Universidades y uso de impuestos, en la mira de ASF
La ASF tiene agendadas 10 auditorías forenses, es decir, aquellas pesquisas en las que el órgano fiscalizador tiene indicios de colusión para el desvío de recursos públicos
Las finanzas de las universidades públicas y la utilización de los impuestos por parte de estados y municipios serán investigadas con lupa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la próxima revisión de la cuenta pública.
De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 —cuarto año de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador— la ASF tiene agendadas 10 auditorías forenses, es decir, aquellas pesquisas en las que el órgano fiscalizador tiene indicios de colusión para el desvío de recursos públicos.
Las universidades autónomas de Querétaro, de Sinaloa y de Tamaulipas serán sometidas a auditorías forenses, en las que se analizarán las nóminas de los trabajadores financiadas con recursos del gasto federalizado de 2022, incluidas las participaciones federales.
Desde 2013, primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las instituciones públicas de educación superior están bajo el escrutinio de la ASF, pues han formado parte de un esquema delictivo en los que se simulaban obras y servicios para el desvío de recursos que presuntamente eran orientados a actividades proselitistas.
Las participaciones federales —recursos provenientes de la recaudación de impuestos que el gobierno central distribuye a estados y municipios— también serán sometidas a investigaciones especiales por la ASF.
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Los municipios de Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Tlalnepantla, estado de México, y Solidaridad, Quintana Roo, así como el gobierno de Durango (este último en manos del PRI), también serán sujetos a auditorías forenses.
En todos los casos, la ASF revisará los contratos suscritos por los gobiernos locales y que han sido financiados con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2022, incluidas las participaciones federales.
En la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondiente al tercer año de gobierno de López Obrador, las mayores anomalías en la administración pública federal fueron justamente las participaciones federales, con 21 mil 151.3 millones de pesos que se gastaron al margen de la normatividad fiscal.
Dicho monto equivale a la tercera parte de los 61 mil 840.3 millones de pesos que, de manera conjunta, quedaron pendientes de solventar en toda la administración pública en 2021.
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