La embestida legal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 académicos desató la solidaridad de las mayores instituciones de investigación del país.
“La acusación de delincuencia organizada es claramente desproporcionada”, señalan en un comunicado conjunto las academias de Ingeniería de México, Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias.
Por su parte, los integrantes investigadores del Consejo Universitario de la UNAM señalaron que “la acusación de la FGR es insostenible”.
Desde que se dio a conocer el lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado, ya en dos ocasiones, órdenes de aprehensión a un juez de la cárcel de Almoloya para 31 académicos y administrativos que trabajaron en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyTAC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusándolos de delitos como uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, diversas universidades y organizaciones académicas se han sumado al rechazo a estas acusaciones.
“La acusación de delincuencia organizada”, señalan en un comunicado conjunto las academias de Ingeniería de México, Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias “es claramente desproporcionada”. Además, añaden:
“Nos preocupa profundamente el efecto de división y confrontación que el manejo de estos cargos está produciendo en la relación de las y los científicos mexicanos y el sector del estado responsable de la política científica, tecnológica y humanista. Nuestro país no se puede dar el lujo de tener una comunidad académica distanciada del Estado”.
Por su parte, los integrantes del Consejo Universitario de la UNAM, que son los directores de los institutos y centro de la UNAM, señalan que “la acusación de la FGR resultó insostenible”, pues no se había aportado la información necesaria para sustentar los delitos supuestamente cometidos.
Los consejeros universitarios agregan que las acciones de la FGR y el Conacyt, organismo que inició el proceso retomado por la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero, “son muy preocupantes”, ya que ambas instituciones “decidieron dirimir un debate de política científica… y llevar sin sustento legal este asunto a las instancias institucionales más amenazantes posibles”.
Para los consejeros, FGR y Conacyt, que dirige María Elena Álvarez Buylla, están enviando “una señal ominosa que intenta acallar las voces críticas al actual desempeño del Conacyt”, y consideran que este tipo de amenazas o presiones “son inaceptables”.
El FCCyT, por medio de un comunicado, señala que cada año el Conacyt “emitió una Constancia de conclusión técnico y financiera favorable del uso de los recursos otorgados al FCCyT. Incluso, la actual administración, por medio de la directora adjunta de Desarrollo Científico, emitió constancia favorable del uso por parte de la asociación civil de los últimos recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019”.
También aclara que no se trata de una empresa privada, como lo señaló la FGR en el comunicado donde avisa que a pesar de los dos rechazos del juez insistirá en las acusaciones, sino de una asociación civil creada por mandato de ley en 2002.
Además, si bien la FGR mencionaba que Conacyt había dado dinero al FCCyT para “hacer investigación científica”, por ley al FCCyT le correspondía “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”, y el comunicado de este organismo señala que los trabajos que realizó en ese sentido se pueden consultar en el sitio foroconsultivo.org.mx.
Este es el tercer ataque al sector académico y de innovación en México. El primero ocurrió cuando Álvarez Buylla acusó ante la prensa a la administración anterior de Conacyt por haber dado dinero a empresas de manera ilegal, lo cual no se ha probado de manera legal; el segundo, cuando se señaló que había mucha corrupción en los fideicomisos relacionados con ciencia y tecnología, cosa que tampoco se ha probado, además ha habido el conflicto con los investigadores del que fuera el programa Cátedras Conacyt.
Para Gabriela Dutrénit, excoordinadora del FCCyTAC y una de las inculpadas, el mayor daño que han causado, hasta ahora, estas acciones es el que señalan las academias. “Están dañando las relaciones dentro de la comunidad científica y generando la idea de que hay investigadores que son corruptos y eso mancha a toda la comunidad”.
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) agrega que no ve cómo podría darse una conciliación entre el sector académico y Conacyt, dado que ha habido varios a lo largo de la administración y no han prosperado.
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