El sistema de universidades autónomas estatales se volvió a colocar como zona de opacidad y de malos manejos financieros. En su más reciente informe sobre la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó gastos por mil 577.7 millones de pesos sin la debida justificación.
Tan sólo cinco instituciones acumulan más del 90% de las irregularidades: se trata de las universidades autónomas de Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Chiapas, con mil 475 millones de pesos sin justificar en 2022
Las universidades autónomas son los pilares de la educación superior en las entidades federativas, pues no sólo alojan a la mayor cantidad de estudiantes y realizan la parte sustancial de la investigación científica y tecnológica, sino que también cuentan con los mayores presupuestos y subsidios federales.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la Secretaría de Educación Pública (en ese año encabezada por Delfina Gómez, hoy gobernadora del estado de México) es corresponsable de las irregularidades en el gasto de las universidades, ya que no fijó reglas claras para el manejo de nóminas y contratación de servicios.
“La Secretaría Educación Pública (SEP) emitió criterios que son poco específicos; asimismo, si bien se suscriben los convenios, los esquemas e instrumentos de seguimiento presentan áreas de oportunidad”, refiere la ASF en una separata publicada el martes pasado y en la que analizan las principales fallas que hay en el manejo de los recursos que la federación transfiere a ente públicos estatales y municipales.
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“La falta de un pronunciamiento general por parte de la SEP genera que existan observaciones de índole estructural por la falta de una definición normativa clara y concisa. Dicha situación se ve reflejada en la aplicación de los recursos, ya que se identificaron pagos de plazas o categorías no consideradas en la normativa, plazas no incluidas en la plantilla autorizada y en exceso al tabulador autorizado”, señala la ASF al enlistar los principales vicios en el manejo de los recursos públicos en las universidades.
También se detectaron “pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el programa, pagos a docentes sin acreditar el perfil de puestos, los pagos no se ajustaron al tabulador de sueldos autorizados o diversos conceptos no autorizados por la dependencia normativa”, según la auditoría.
En el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, los gastos sin solventar ascienden a 613.2 millones de pesos. Las mayores anomalías son por pagar recursos a dos mil 130 personas que ocupan más de una categoría (368.8 millones de pesos); gastos sin documentación comprobatoria (162.2 millones); falta de justificación a recursos provenientes de las participaciones federales (62.4 millones) y pagos a académicos que carecen de cédula profesional (16.3 millones).
La Universidad Autónoma de Nayarit no logró comprobar 432.5 millones de pesos; la Autónoma de Nuevo León 199.8 millones; la Autónoma de Sinaloa 128.3 millones, y la Autónoma de Chiapas 102.4 millones. En todos los casos se trata de pagos de salarios fuera de norma y adquisiciones sin la documentación justificativa.
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