Un testimonio plagado de yerros e inconsistencias

A principios del año 2014, la Fiscalía General del Estado de Guerrero radicó una averiguación previa por el delito de secuestro contra integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos. Esto permitió la consignación de varias personas y la posterior detención de una de las mismas, quien aportó información relativa al modus operandi y a las zonas de operación o influencia de la citada agrupación criminal:

Su forma de operar es que la Policía Municipal levanta a las víctimas. Ellos los entregan a los Guerreros Unidos y después estos se encargan de negociar los rescates”.

La investigación ministerial de referencia permitió establecer nombres, números telefónicos y posibles domicilios de algunos miembros de la organización, así como la ubicación de fosas clandestinas en las que se sepultó a personas secuestradas, entre las cuales destacó una situada en la colonia Lomas del Zapatero de la ciudad de Iguala, donde fueron localizadas 19 osamentas.

A la par, se dio el hallazgo y desmantelamiento de un narcolaboratorio ubicado en la colonia San Miguelito, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Entre los nombres que arrojó la indagatoria se encuentran el de Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de seguridad pública municipal y el de Patricia Soto Abarca, esposa del M, Mario Casarrubias Salgado y sobrina del entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez. Así también, se obtuvieron algunos apodos o pseudónimos, entre ellos el de un jefe de sicarios, a saber, El May y/o El Chucky y/o El Pelón, quien después fue identificado como Eduardo Joaquín Jaimes, al igual que los apellidos de los hermanos Benítez Palacios (Víctor Hugo, Osiel, Mateo y Orbelín), conocidos como Los Peques o Los Tilos, quienes fueron identificados como el brazo armado de los Guerreros Unidos. Y el nombre y apodos del jefe de sicarios de Pueblo Viejo, Gildardo López Astudillo, alias El Gil y/o El Cabo Gil y/o El Gallero y/o El Capitán de Capitanes.

Actualmente, conforme a lo que se desprende de la investigación oficial en manos de la Fiscalía General de la República, la mayoría de las citadas personas está vinculada directamente al homicidio, secuestro o desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En una parte del expediente del caso Iguala que a la fecha se ha hecho pública, se establece que en julio de 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO, informó a su similar en la Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, sobre las averiguaciones previas en las que estaban involucrados los hermanos Alberto, Mario y María de los Ángeles, todos de apellidos Pineda Villa.

Por otra parte, en la averiguación previa radicada por la PGR con relación a los hechos acontecidos en la ciudad de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, también se observa que en fecha 31 de mayo de 2013, Salomón Pineda Bermúdez acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a denunciar el secuestro de su esposa María Leonor Villa Ortuño, por lo que se radicó la averiguación previa FAS/T3/668/13-05.

Pineda Bermúdez expuso que cuando los secuestradores se comunicaron con él, le pusieron como condición que les diera el número telefónico de su hija María de los Ángeles Pineda Villa, a lo cual contestó que no tenía buena relación con ella y su yerno José Luis Abarca, por lo que no podía aportar el dato en cuestión. Consecuentemente, los secuestradores llamaron a una sobrina de Salomón Pineda, de nombre Escarlet, quien en su oportunidad declaró ministerialmente que además del teléfono de su tía María de los Ángeles, le pidieron 10 millones de dólares por concepto de rescate y “la plaza de Iguala”. Tiempo después, conforme a versiones periodísticas, se dijo que los plagiarios eran integrantes del cártel de La Familia Michoacana.

Lo anterior guarda relación con un video que circuló en redes sociales, mismo que obra en la indagatoria correspondiente, en el que se aprecia a una persona con los ojos vendados, la cual al ser interrogada dice llamarse María Leonor Villa Ortuño.

Además de la denuncia formulada por Pineda Bermúdez ante la PGJDF, es de tomar en cuenta que en una averiguación previa diversa, José María Chávez Magaña El Pony, lugarteniente de La Familia Michoacana, detenido el 2 de julio de 2014, declaró ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO, haberse enterado que el citado secuestro devino de un adeudo que contrajo José Luis Abarca con gente del Cártel de Sinaloa.

Hoy también se tiene conocimiento de la existencia de múltiples averiguaciones previas en las que se involucra a integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, destacando las iniciadas en razón de la detención de Cleotilde Toribio Rentería El Tilde y el hoy fallecido Mario Casarrubias Salgado El M o El Sapo Guapo, dadas a conocer en fechas 11 de julio de 2012 y 1 de mayo de 2014, así como de los padres de María de los Ángeles Pineda Villa, de fecha 6 de mayo de 2009, y con motivo del deceso de sus hermanos de nombres Alberto (a) El Borrado y Mario (a) El MP, acontecidos en septiembre de ese mismo año.

Con independencia de la información generada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero durante el 2013 y 2014, en el asunto que nos ocupa se advierte, tal como ha trascendido públicamente, que con relación al grupo criminal en cuestión al menos desde hace 15 años la hoy FGR cuenta con investigaciones o información, siendo de destacar que la familia Pineda Villa estuvo ligada a los dos grupos criminales más violentos del país en la década de los 90 y en los años subsecuentes, esto es: el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el cual disputaba distintas plazas de las entidades del sur del país y el Cártel del Pacífico.

La venganza de Juan

Conforme a datos generados por áreas de inteligencia gubernamental se han establecido los momentos en que se suscitaron fracturas o escisiones entre el Cártel de los Beltrán. El primero fue el deceso de Arturo Beltrán Leyva, y el segundo la aparente falta de control de su hermano
Héctor, lo cual propició el surgimiento de las bandas identificadas como Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barredora, el Cártel Independiente de Acapulco y el Cártel de la Sierra o Los Tlacos.

En este orden de ideas, recientemente se ha difundido, particularmente en tres medios de comunicación y en tres distintos momentos (noviembre de 2020, enero y julio de 2021) parte de lo que declaró un testigo colaborador de la FGR, identificado como “Juan”, quien hasta donde hoy se sabe, a partir del dicho de varios testimonios, no afectados de nulidad, de diversas investigaciones periodísticas, de los denominados Chats de Chicago o intervención legal de comunicaciones de integrantes de los Guerreros Unidos llevada a cabo por la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y de lo documentado por la anterior administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es el citado Gildardo López Astudillo, mismo que, en su más reciente narrativa, rendida ante un órgano judicial el 20 de mayo de 2021, no aparece como sujeto directamente interviniente o perpetrador de la desaparición de los jóvenes normalistas.

Juan refiere que los estudiantes fueron asesinados y desaparecidos mediante el uso de ácidos y químicos, y que algunos de esos restos fueron llevados a un crematorio para su posterior diseminación en zonas cercanas a Iguala, entre ellas una mina y lugares situados por un vertedero de basura de Cocula, siendo posteriormente encontrados por la PGR. En el desarrollo de los hechos que comento, a decir del hoy testigo colaborador, participaron integrantes de los Guerreros Unidos, la Policía Estatal, la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, la Policía Federal Ministerial, la Policía Federal y el Ejército.

Al respecto, es dable acotar que se trata del testimonio de un sujeto suspicaz, fantasioso, vil y cobarde que se esconde bajo un nombre o figura de supuesto testigo colaborador de quien se sabe, con absoluta certeza, que no sólo participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sino también en múltiples delitos (narcotráfico, homicidios y

secuestros), lo cual, conforme a la legislación de la materia, debiera hacer nugatorio o inválido el reconocerlo con tal calidad.

Su dicho es una apología de rencor y venganza hacia quien o quienes lo persiguieron, detuvieron y encarcelaron, pues aun cuando a la fecha está libre, no es porque lo hubiesen encontrado inocente de los cargos que se le imputaron, sino por supuestas violaciones al debido proceso, particularmente el hecho de haber sido torturado, respecto de lo cual, a la fecha, se desconoce el estado o el sentido de la determinación de la carpeta de investigación ministerial correspondiente. Las pruebas de esto las ofrecen los hechos y el expediente.

Ocho invenciones

El testimonio de Juan está plagado de contradicciones e inconsistencias, estas son las que destacan:

1. La intromisión o llegada de los jóvenes normalistas a Iguala fue fortuita y ello está plenamente demostrado por el análisis llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI).

2. No existen testimonios o evidencias para acreditar que los estudiantes fueron infiltrados o que se mezclaron con delincuentes en su trayecto a Iguala o durante su estancia en esa población, tal como ha sido observado por uno de los asesores jurídicos de los padres de los normalistas, el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

3. Juan ignora o desconoce a conveniencia los antecedentes del caso, entre ellos que la Fiscalía Guerrerense investigaba a los Guerreros Unidos desde muchos meses antes a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre y que, por lo mismo, fue una instancia generadora de información y de permanente intercambio de datos con distintas autoridades o instancias del gobierno federal, ya sea en reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero o con los enlaces y titulares del Cisen, la PGR, la Sedena, la Semar y la PF.

4. Nada menciona sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público Estatal, entre ellas el operativo de búsqueda de estudiantes que durante las primeras horas del 27 de septiembre se encontraban esparcidos o escondidos en Iguala, lo cual trajo como resultado el resguardo de 68 jóvenes en las instalaciones de la Fiscalía Regional, tal como consta en un reporte policial de incidencias. También es omiso en señalar que como resultado de la intervención de dicha institución local, en un primer momento se concentró a casi la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Iguala en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y que como resultado de los trabajos de investigación ministerial y apoyo pericial se logró establecer la probable responsabilidad de 22 elementos de la aludida corporación municipal, la mayoría de los cuales fue identificada por parte de un grupo de normalistas como sus agresores. Finalmente, soslaya que posteriormente se consignó a otras 11 personas, entre ellas a José Luis Abarca Velázquez y Felipe Flores Velázquez, lo que dio un total de 33 implicados, casi todos los cuales actualmente continúan en prisión sujetos a proceso.

Es de destacar que horas después del aseguramiento de los elementos policiales se suscitó una manifestación de apoyo y exigencia de liberación de los mismos en la que participaron personas de distintos sectores sociales (transportistas, integrantes de grupos de autodefensa y mineros), lo cual guarda correspondencia con parte de las instrucciones que dieron los hermanos Salgado Casarrubias (Adán Zenén, José Ángel y Sidronio), líderes de los Guerreros Unidos a Gildardo López Astudillo, según se desprende de los citados Chats de Chicago.

5. Miente en lo concerniente a la ejecución de indigentes (hasta 80 personas) en los días posteriores a la desaparición de los normalistas para hacer pasar sus cuerpos por los de las víctimas. El hallazgo de las fosas de Pueblo Viejo se dio a partir de la detención de cuatro integrantes de los Guerreros Unidos, de nombres Marco Antonio Ríos Berber, Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio y Martín Alejandro Macedo Barrera, llevada a cabo por la Fiscalía de Guerrero. En el procesamiento de dichas fosas hubo presencia de personal de la CNDH en carácter de observadores. Posteriormente, la institución ministerial dio a conocer el citado hecho en conferencia de prensa y generó un desglose a la PGR para que investigara aspectos de su exclusiva competencia (delincuencia organizada).

Consecuentemente, la PGR anunció que atraería el caso. En los trabajos de identificación de los cuerpos participaron peritos de la PGR, la División Científica de la PF y la Fiscalía Estatal, en presencia de visitadores adjuntos de la CNDH y de las peritas forenses de nacionalidad argentina acreditadas como coadyuvantes. Eran cuerpos completos, expuestos al fuego, pero con presencia de tejidos blandos y que conforme al cronotanatodiagnóstico perdieron la vida entre 15 y 30 días antes de su hallazgo, por lo que no existe correspondencia con lo narrado por el testigo Juan.

Para efectos de analizar el ADN, se recabaron muestras de material genético que fueron confrontadas con las obtenidas de los padres de los normalistas, por lo que resulta absurdo, inverosímil, ilógico y demencial que se hubiese pretendido hacer pasar unos cuerpos por otros cuando a la fecha existen sofisticadas técnicas en materia de identidad de personas propias de los trabajos de genética forense.

A partir de ese momento, el control de la investigación quedó a cargo de la PGR. Tiempo después, peritos de esta última institución y las peritas argentinas dieron a conocer, en distintos momentos, que se logró identificar a varios de los cuerpos. Se dijo que algunos correspondían a integrantes de una familia procedente del estado de México que fueron secuestrados por los Guerreros Unidos y otros a personas que desaparecieron en los meses de julio y agosto de 2014.

Finalmente, la versión de la desaparición de indigentes es una versión propalada en su momento por los Guerreros Unidos a través de las redes sociales y una serie de mantas que aparecieron en Iguala, tal como lo documentó el GIEI en el primero de sus informes sobre el caso, sin que existan a la fecha denuncias sobre la muerte de un número considerable de personas el día 26 de septiembre o en los días posteriores.

Juan alude a un enfrentamiento entre bandas u organizaciones antagónicas, lo cual fue descartado por la CNDH en su recomendación, y una vez más incurre en contradicciones, específicamente en lo relativo a la hora en que llegaron los estudiantes a Iguala.

6. Por lo que hace al hallazgo de restos en el vertedero de Cocula y lugares aledaños al mismo, se soslaya la cronología de los hechos o línea de tiempo de la investigación, reiterándose que para entonces el control de la misma estaba en la PGR. En este rubro, debe tenerse presente que los restos de referencia fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, es decir a un fuego no controlado como es el de un horno crematorio. Los restos presentaron distintos grados de afectación por exposición al fuego (ahumamiento, calcinación y carbonización). Eso está debidamente dictaminado.

Así también, existen sendos dictámenes en los que se concluyó que entre los sedimentos o tierra del basurero de Cocula y el contenido de las bolsas encontradas en el Río San Juan existen coincidencias y rastros propios de incineración en el primero de dichos sitios.

7. Juan no señala o admite su participación directa o activa en carácter de perpetrador, autor material e intelectual de la desaparición de los normalistas, tal como se desprende de los testimonios de los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, los cuales se entienden “limpios” o espontáneos, esto es, no afectados de nulidad o por haber sido obtenidos mediante tortura, pues, por el contrario, se desahogaron en presencia de personal de la Defensoría de Oficio, representantes del GIEI y asesores jurídicos de las víctimas; así como de la investigación de la CNDH y de los Chats de Chicago.

Las escuchas legales de la DEA son reveladoras, dado que dan cuenta de las instrucciones que los hermanos Salgado Casarrubias, identificados como Silver, Soldado del Amor y Aníbal, dieron a Gildardo López Astudillo, identificado como Romeo, pretendiendo culpar a distintas personas e instituciones de gobierno de lo ocurrido.

Por lo que hace a la pertenencia de El Gil o Juan a los Guerreros Unidos, existen las denominadas pruebas preexistentes a lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre, entre ellas diversos testimonios, así como el resultado de los cateos efectuados a varias de sus propiedades, donde se encontraron un número considerable de armas de fuego y 50 mil cartuchos.

8. Juan culpa y exculpa a conveniencia, en un primer momento dijo que un comandante de la Policía Federal de apellido “Dorantes” nunca estuvo coludido con los Guerreros Unidos y en su más reciente comparecencia ante un Juez, afirmó o sostuvo lo contrario. De igual manera, en principio involucró en los hechos al hoy titular de la Seguridad Pública en la Ciudad de México y hace unos días omitió tal referencia. En cualquier caso, es oportuno acotar que no basta con mencionar o aportar nombres para sostener una acusación. El Ministerio Público, en el caso la PGR, debe sustentar los resultados de su investigación en cúmulos probatorios y no en meras conjeturas o sospechas, mucho menos en el dicho de un delincuente, el cual debe ser valorado con absoluta reserva y contrastado con el resto de los datos de prueba a fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, esto es, cómo, cuándo, dónde y por qué.

La comisión de la verdad, una oportunidad

Según su propio dicho, el testimonio de Juan es de oídas, toda vez que se enteró de los hechos en reuniones, a través de un radio o mediante mensajes de BlackBerry. Asimismo, se entiende singular o aislado, carente de valor hasta en tanto no se adminicule con otro medio de prueba o convicción.

Hoy también cabría preguntar a cuál de sus declaraciones debe darse crédito, a las que rindió en 2015, inmediatamente después de haber sido detenido, o a las más recientes, destacando que en su oportunidad se adujo que fue víctima de tortura y que a la fecha ese aspecto no está debidamente probado, dado que se desconoce el estado que guarda la indagatoria en ese sentido.

Un aspecto a destacar es que existe jurisprudencia que establece que al momento de valorar los testimonios deberán privilegiarse los primigenios si no están afectados de nulidad y que respecto de los posteriores deberá actuarse con absoluta cautela ya que suelen resultar extemporáneos, contradictorios, inconsistentes y muy probablemente inducidos, las más de las veces por la defensa.

Las filtraciones son acciones irresponsables y condenables que enturbian las investigaciones, por lo que deben ser ejemplarmente sancionadas. Contrario a ello, lo que a la fecha se requiere es actuar con absoluta seriedad en el análisis del caso, actuando en forma sensata y privilegiando en todo momento los derechos humanos de las víctimas, particularmente el derecho a la verdad, previsto en el artículo 1º de la Constitución, al igual que en los numerales 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 20 y 22 de la Ley General de Víctimas.

El derecho a la verdad consiste en que las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones a los derechos humanos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero, o bien el de sus restos. El derecho a la verdad acarrea la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

En ese sentido, los miembros de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y los responsables de la Unidad Especial para la investigación del mismo de la FGR, deben ser capaces de evaluar y ponderar las pruebas y de actuar con sano juicio o buen criterio. Su tarea es de carácter legal y moral. De nada servirá la creación de la Comisión para la Verdad si no se tienen presentes cuatro objetivos fundamentales: 1. El conocimiento de la verdad. 2. Impulsar las acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la justicia, esto es el castigo a los responsables de los hechos. 3. Promover la efectiva reparación del daño en favor de las víctimas y 4. Establecer medidas de no repetición.

En este apartado son de resaltar los datos que surgen si revisamos a detalle la línea de tiempo en la investigación del caso, toda vez que conforme a lo que indagó la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en buena parte la PGR, ha quedado establecido que fueron elementos de distintas policías municipales, particularmente las de Iguala, Cocula y Huitzuco quienes intervinieron de inicio en la agresión de que fueron víctimas los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y otras personas, y que fueron quienes se coordinaron o coludieron integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos para tal efecto, siendo ese aspecto corroborado con parte de los datos o información que se desprende de la intervención legal de comunicaciones llevada a cabo por la DEA.

›Más que un acto de fe sustentado en el dicho de un delincuente, es un momento propicio para que hable la ciencia, por lo que es necesario enviar a Innsbruck, para análisis genético, los 114 restos óseos a que alude la recomendación de la CNDH.

La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa nos coloca ante la oportunidad histórica de generar un precedente que ayude a recuperar la credibilidad y confianza en nuestras autoridades, y es por ello que no podemos dilapidarla.

El esclarecimiento puntual de los hechos no debe generar mayores dudas, por el contrario, debe sustentarse sobre bases firmes que den lugar a una “verdad a secas” o una consistente y fehaciente “teoría del caso”, en la que no ha lugar a narrativas a modo de delincuentes.