Un día por la libertad de expresión, nada alentador para la prensa mexicana

En el contexto del día de la libertad de expresión en México, vale la pena recapitular la situación que guarda la libertad de prensa y la impunidad.

En los primeros cinco meses de 2022, se ha registrado un inusual incremento de asesinatos contra periodistas en México, contabilizando al menos 11 integrantes del gremio periodístico en diferentes regiones del país. En otros años este tipo de situaciones se habían registrado tan solo en un año, ello sin contar las constantes agresiones y desplazamientos de periodistas por situaciones de inseguridad.

De continuar esta tendencia, el 2022 podría convertirse en uno de los años más letales contra la prensa desde que se tiene registro.

Frente a esta ola de violencia, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Article 19, el Comité para la Protección a Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y la organización Pen, ven con preocupación las contradicciones, estigmatización de las víctimas y presentar detenciones como un hecho consumado de justicia, cuando no es así.

Varias cosas llaman la atención en estos cinco meses que vale la pena analizar, una es la prontitud con las que se llevan a cabo las detenciones, acciones

que desde luego se reconocen pero no es suficiente. Acciones que en ocasiones parecen más bien un intento de dar una respuesta mediática, que dar certeza de justicia, eso se verá cuando haya una sentencia dictada por un juez, donde desde luego el enfoque de libertad de expresión es fundamental.

El otro punto es la estigmatización de las víctimas y las detenciones erróneas y contradicciones entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Federal, y las Fiscalías locales con el caso Veracruz.

El 6 de junio la Fiscalía de Veracruz, dio a conocer la detención de Armando “N”, uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García,

ocurrido precisamente hace un mes, el 9 de mayo en Cosoloacaque, una zona donde se disputa el control el cártel de las cuatro letras. Desde luego, llama la atención que el nombre del actual detenido, nada que ver con el nombre de la persona que detuvo erróneamente la Fiscalía el 17 de mayo,

cuando dio a conocer a través de un comunicado que había sido detenido en colaboración con la Secretaría de Seguridad a una persona vinculada al caso de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García. En el comunicado difundido ahora, no se precisa si es otro de los responsables o es el mismo y cuántos han sido identificados.

En el caso del primer detenido, horas más tarde la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, tuvo que aclarar que la persona había sido detenida erróneamente, y que por ello había sido puesta en libertad, señalando que “al validar su identidad por esta fiscalía y determinar que se trató de una homonimia, fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos”. La imagen y nombre de la persona detenida ya había sido difundida en redes sociales y medios de comunicación, el daño ya estaba hecho. Tal parece que la prisa por dar resultados hace que se comentan errores de este tipo, lo que no debería ocurrir.

Otra situación que ha pasado desapercibido corresponde a las investigaciones en torno al caso del periodista Luis Enrique Ramírez, columnista de El Debate, asesinado el 5 de mayo en Culiacán, Sinaloa. A casi un mes de los hechos, priva la confusión e imprecisiones.

Las informaciones vertidas sobre las investigaciones siguen siendo a medias. El pasado 6 de junio, al cumplir un mes del asesinato de Luis Enrique Ramírez, la Fiscalía de Sinaloa lanzó un comunicado en el que apresuraba esta línea: “esclarecido el homicidio del periodista Luis Enrique R”, y añadía que queda establecido el móvil y cómo ocurrieron los hechos. Pero en el contenido del comunicado no proporcionaba más informaciones, excepto que el asesinato no se debió a su labor periodística, sin precisar cuál fue el móvil. El comunicado lanzado por la institución dejó más preguntas que respuestas, rodeadas por el hermetismo y la confusión.

A ello hay que agregar las contradicciones en las informaciones dadas por el gobierno federal y local. Las declaraciones del subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, en la mañanera del 12 de mayo, cuando dijo que se tenían identificados a los probables responsables del asesinato del periodista. Mientras que la fiscal Sara Bruna Quiñónez, sólo ha atinado a decir en la conferencia de prensa del 24 de mayo, “no sé de dónde salió esa información, pero no tenemos identificados a los autores materiales, sino habríamos ordenado ya su aprehensión”. Así, el gobierno federal y local se contradicen. ¿A quién creerle?

Las contradicciones entre el gobierno federal y las fiscalías locales, aunado a los errores cometidos en las investigaciones de estos casos, no contribuyen a dar certeza a los familiares de los periodistas, sino a ahondar su desconfianza en la autoridad y en la justicia.

Otro tema son las filtraciones que no han dejado de ser una mala práctica de las fiscalías, como ocurrió en los casos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García; así como en el caso de Roberto Toledo, en los que en las primeras horas de los hechos empezaron a difundirse en diversas redes informaciones que desprestigiaron a las víctimas.

›Las filtraciones pueden generar graves afectaciones sobre la investigación en curso y el debido proceso que busca el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Además, el uso no consensuado de las fotografías de las víctimas vulnera la protección de las familias y compromete las investigaciones. En el caso particular de las periodistas de Veracruz fueron difundidas imágenes y audios en las cuáles presuntamente involucran a las personas periodistas en supuestas actividades ilícitas o de otra índole laboral, y buscan desvincular los asesinatos de su labor periodística, generando con ello campañas de desprestigio que en nada contribuyen al esclarecimiento de los asesinatos.

Desde instancias tanto a nivel federal como estatal, las autoridades han afirmado, sin tener concluidas las líneas de investigación, que los crímenes cometidos contra periodistas tienen que ver con el crimen organizado y no con la libertad de expresión. Y también en las conferencias se presentan algunos avances de detenciones pero no se hace referencia a la labor que realizaban las y los periodistas, y los motivos por los que fueron asesinados.

De acuerdo a los reportes presentados hasta el 12 de mayo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Federal, indica que en el caso

del fotógrafo Margarito Martínez, “hay 10 detenidos, 10 vinculados a proceso penal”.

Pero no precisa que esos 10, no están vinculados al proceso, sino tres y tres más están libres. En el caso de Lourdes Maldonado, sí hay tres detenidos, tres vinculados a proceso penal, pero aún falta el autor intelectual.

En el caso de Heber López, de Salina Cruz, hay dos detenidos y dos vinculados a proceso penal, pero los autores intelectuales no han sido capturados.

En el caso de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas, un detenido que está vinculado a proceso penal. Falta el autor intelectual. En el caso de Armando Linares, de Zitácuaro, hay dos órdenes de aprehensión e indica el reporte que está el despliegue para poder capturar al autor material y al copartícipe de este evento.

En este reporte, el subsecretario precisó que “en el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, hay líneas muy sólidas pero todavía no hay un mandamiento judicial en contra de ellos”. El reporte refiere que en

los casos de Yessenia y Sheila Johana,

hay dos órdenes de aprehensión y se está en proceso de su detención.

Informaciones no precisas, confunden y revictimizan a las víctimas, al desvincularlas de manera apresurada, de su labor periodística, y reiterar que está involucrado el crimen organizado, sin decir que fue por su labor periodística no aporta al derecho a la verdad.

Afirmar sin una investigación exhaustiva que estos asesinatos han sido cometidos por el crimen organizado, sin dar algún grado de involucramiento del Estado, contraviene la debida diligencia en la investigación de los casos. “Para tener certeza sobre quiénes son los autores materiales, los intelectuales y las redes que permiten que estos asesinatos se sigan cometiendo, se necesitan investigaciones diligentes, objetivas, imparciales y exhaustivas por parte de las autoridades”, han indicado las organizaciones que defienden la libertad de expresión, en un comunicado difundido el 24 de mayo.

Es apremiante que las investigaciones y detenciones también deban dirigirse a los autores intelectuales, de lo contrario la única garantía será la impunidad.