UIF y Contadores Públicos van contra lavado de dinero
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, 04OCTUBRE2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la firma del convenio de colaboración con el Sistema Anticorrupción de Baja California que encabeza Luis Irineo Romero. En su visita a la ciudad fronteriza, Santiago Nieto afirmó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, fue acusado por presunto lavado de dinero, y que su renuncia fue una decisión personal. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
/Omar Martínez/Omar Martínez
La UIF y el IMCP firmaron un convenio de colaboración para propiciar espacios en los que se explore la prevención del lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) firmaron un convenio con el objetivo de estrechar comunicación y trabajo conjunto en materia de prevención de lavado de dinero.
A través de un comunicado se indicó que con este convenio se busca establecer bases y mecanismos de cooperación entre ambas instancias para realizar actividades de carácter académico que propicien espacios vinculados con los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, en materia de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Busca fortalecer las actividades que el IMCP y la UIF realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de actividades como foros de discusión, talleres y conferencias”.
Asimismo, refieren que el contador público es parte de la primera línea de consulta y apoyo de las organizaciones, “desde lo más fundamental hasta el adecuado esquema de Compliance o Cumplimiento Integral”, motivo por lo que es necesario que especialistas asesoren y revisen el correcto cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
En ese sentido, indicó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el reto fluctúa en dos sentidos, siendo el primero la difusión de conocimiento en torno al correcto cumplimiento de obligaciones en los sujetos a los que se le aplica la ley.
Y, en segunda instancia, el desarrollo de especialistas reconocidos mediante la certificación y con las competencias para asesorar y revisar el cumplimiento de obligaciones en la materia. CJG
