Compra y venta de inmuebles en México y Estados Unidos, a través de operaciones financieras que involucran a empresas factureras ligadas al crimen organizado, así como bienes y cuentas que no corresponden a las declaraciones patrimoniales, fue parte de la información compartida por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, al comparecer ante la Cámara de Diputados como parte del proceso para determinar si es o no procedente la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Este viernes, ante los integrantes de la Sección Instructora de San Lázaro, el titular de la UIF, así como el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, comparecieron en calidad de testigos ante los legisladores como parte de la solicitud de declaración de procedencia que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador, al acusarlo de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparable.
En general, tenemos una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones y a la familia y el ingreso que pudo haber tenido en sus años de servicio”, sostuvo Nieto Castillo al reiterar, al igual que el procurador Romero Aranda, que no tenían acceso a la carpeta de investigación y que, por tanto, no podrían hacer referencia a ningún elemento de prueba que integre el expediente de la FGR contra el mandatario.
Previo al inicio de la diligencia, el abogado Alonso Aguilar Zinser, a cargo de la defensa de García Cabeza de Vaca, solicitó que la audiencia no se realizara de manera pública pues el hecho implicaría una violación flagrante a la presunción de inocencia y los derechos humanos de su defendido.
