El acuerdo logrado por la Unión Europea (UE) sobre un plan de reactivación, por primera vez sobre la base de deuda común, es un giro histórico, pero demasiado modesto en algunos aspectos, de acuerdo a analistas.
Todos consideran que hace apenas unos meses este compromiso parecía algo inimaginable: fue necesaria la llegada de la pandemia de covid-19 a Europa para que se redibujaran las líneas rojas.
Berlín se alineó con París y aceptó que los fondos se presten a gran escala en nombre de Europa, rompiendo así un tabú en un país que siempre se opuso a la idea de una deuda común.
“Esto abre la puerta a un mecanismo que permitirá mantener a Europa en la Historia”, señaló Anne-Laure Delatte, consejera en el centro de estudios Cepii.
Ante la recesión sin precedentes que amenaza al continente, los líderes de la UE han reaccionado con rapidez.
“El riesgo de no alcanzar un acuerdo era muy elevado. Hubiese enviado un mensaje muy negativo, tanto a nivel político como económico, de que la UE no es capaz de responder a un desafío común”, indicó Marta Pilati, del European Policy centre (EPC).
Para Enrico Letta, ex jefe del gobierno italiano y presidente del Instituto Delors, “se trata de un paso importante, que demuestra que el derecho de veto no existe más. Y que la señora Thatcher es historia”.
Sin embargo, los expertos destacan por lo menos cinco imperfecciones.
Para comenzar, el monto de las subvenciones, ofrecidas --sin necesidad de reembolso-- a los países más afectados por el coronavirus, como Italia y España.
Antes de la cumbre, estaba previsto que el plan de recuperación de 750.000 millones de euros (más de 850.000 millones de dólares) constara de 500.000 millones en subvenciones y 250.000 millones en préstamos.
Ante la oposición de los cuatro países denominados “frugales” (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, a los que se adhirió Finlandia), el volumen de subvenciones cayó a 390.000 millones.
“Lástima que negociáramos una rebaja de las subvenciones respecto a los préstamos”, añadió Delatte.
“Demasiado impreciso”
En segundo término, el control de la manera en que los destinatarios gastarán esos fondo.
Para evitar la reticencia de los frugales, que consideran que los países del sur son demasiado laxos, fue ideado un sistema que permite a uno o más Estados miembros, que consideran que los objetivos previstos en los programas de reforma no fueron alcanzados, solicitar estudiar el dosier en una cumbre europea.
“Es bastante complejo”, considera Pilati, quien teme que estos exámenes tomen demasiado tiempo. “Esto nos volverá aún más dependientes de la sincronización de las elecciones nacionales”, añade Delatte.
Dirigentes como el holandés Mark Rutte, quien enfrentará elecciones legislativas complicadas el año próximo, podrían mostrarse particularmente duros.
Tercer punto: el vínculo entre el respeto al Estado de derecho por parte de los países miembros y la amortización de fondos europeos.
Budapest y Varsovia, en la mira de Bruselas en este aspecto, batallaron en contra de ese punto.
El mecanismo es aún “demasiado impreciso” para ser disuasivo, consideró el co-líder de los Verdes en el Parlamento europeo, Philippe Lamberts.
En cuarto término, para los expertos la UE con 27 ha perdido la ocasión de modernizar la forma cómo se utilizan los fondos europeos. Programas de innovación, economía digital, medioambiente están en el tapete, en tanto hay recortes en la política agrícola, el programa universitario “Erasmus”, e incluso para la investigación y otros sectores.
Finalmente, ante la resistencia de los “frugales”, que consideran que sus contribuciones netas al presupuesto de la UE son desproporcionadas, los dirigentes ya acordaron practicarles ‘descuentos’.
“De golpe, otros países tendrán que echar más la mano a sus bolsillos”, advierte Pilati.