El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (SPAUAM) y la comunidad académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se pronunciaron hoy en defensa de las 31 personas para las que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión, según se dio a conocer ayer lunes.
Por otra parte, Laura del Alizal Arriaga, socióloga y académica de la UAM Iztapalapa, firma una petición en el sitio change.org con el título “Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica”.
La acusación se hizo contra académicas y académicos, a colaboradores y personal administrativo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y de la administración pasada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “por el supuesto uso de fondos “de procedencia ilícita” (así descrito, aun cuando éstos provienen del presupuesto federal), como parte de una “organización delictiva” (aun cuando se trata de científicos y colaboradores de instituciones altamente reconocidas por la sociedad mexicana)”, señala SPAUAM.
Tanto el sindicato como los académicos del CIDE destacan que los supuestos delitos eran en cumplimiento de las funciones regulares del FCCyT y el Conacyt, mismas que fueron avaladas por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que fue legal que Conacyt le otorgara recursos públicos para su operación al FCCyT desde 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020, al estar apegado a la norma vigente.
Es “evidente que la acusación que se ha lanzado desde la Fiscalía General de la República es absurda e impropia de un país gobernado bajo principios mínimos de Estado de derecho”, señala el comunicado de los académicos del CIDE, y añade que se trata de “un acto intimidatorio y fuera de toda proporción y razón, que no sólo afecta a las personas hoy acusadas injustamente, sino en realidad a toda la comunidad académica del país”.
La petición en change.org agrega que haber solicitado al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” la orden de aprehensión muestra que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt.
