El proceso en contra del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, vuelve a dar un giro, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que sea un juez federal quien lleve el caso por presuntos delitos electorales.
El también excandidato presidencial fue detenido en marzo de 2022 acusado de utilizar recursos económicos, materiales y humanos del gobierno para la recolección de firmas ciudadanas que el Instituto Nacional Electoral (INE) le exigía a cambio de otorgarle la candidatura a la presidencia en 2018.
Las investigaciones realizadas por el Consejo General del INE, determinaron que Rodríguez Calderón organizó un “esquema financiero” ilegal para recolectar firmas. Para ello, se valió 652 empleados de 29 dependencias de Nuevo León; además, la Unidad Técnica de Fiscalización, detectó que “El Bronco” utilizó dos millones 608 mil pesos provenientes de recursos públicos para solventar este entramado ilegal.
Por lo anterior, el exgobernador fue puesto tras las rejas en el Centro de Justicia Federal de Nuevo León, ubicado en Cadereyta, sin embargo, el 17 de marzo un juez del fuero común se declaró incompetente, tras considerar los argumentos de la defensa que reclamaban que las imputaciones contra Rodríguez Calderón eran de competencia federal.
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La defensa precisó que al tratarse de un proceso electoral federal, los cargos imputados contra el excandidato presidencial debían ser tratados por autoridades federales, por lo que se turnó el caso a un juez de Distrito, quien también se declaró incompetente: entonces, el caso quedó en manos del Tribunal Colegiado.
Mientras las autoridades decidían a quién correspondía tomar el caso de “El Bronco”, este fue trasladado al Hospital Universitario el pasado 1 de mayo, donde se le practicaron tres cirugías. Durante su estancia, el 11 de junio un juez de control determinó cancelar la prisión preventiva como medida cautelar para el exgobernador: cinco días después fue dado de alta, pero ya no regresó a Caderayta, ahora se mantendría en resguardo domiciliario.
Después de tres meses y medio desde su detención, el Tribunal señaló que el caso compete al juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Cadereyta. EJ
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