El gobierno de Donald Trump anunció este jueves que la administración federal volverá a utilizar la
pena
capital tras una moratoria de 16 años y programó las fechas de las ejecuciones para cinco condenados, informó el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.
A instancias de Trump, que pide habitualmente castigos más duros para los crímenes violentos, Barr instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a que adopte un nuevo protocolo para el uso de la inyección letal para allanar el camino para ejecutar las sentencias.
“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias avanzar con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, dijo Barr en un comunicado.
El año pasado se efectuaron 25 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas llevadas a cabo por autoridades estatales para personas condenadas por cargos también estatales y no federales.
Debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, ningún prisionero federal había sido ejecutado desde 2003.
“Profundamente perturbador”
Los primeros a los que se les aplicará esta medida serán cinco asesinos ya condenados que serán ejecutados en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana.
El Departamento de Justicia dijo que todos estos condenados agotaron sus recursos de apelación y que actualmente no hay ningún impedimento a su ejecución.
Barr ordenó que la Oficina de Prisiones ejecute el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.
El gobierno federal tiene cerca de 62 personas en el corredor de la
muerte
en las prisiones federales, según el Centro de Información sobre la
Pena
de
Muerte.
La aplicación de la
pena
de
muerte
está en retroceso en Estados Unidos en la última década, debido a debates sobre la legalidad de las inyecciones letales, acusadas de provocar demasiado sufrimiento y por problemas en el suministro de las drogas que causan la
muerte, debido a que muchos laboratorios no quieren estar asociados a esta práctica.
De los 50 estados, 25 utilizan este método, 21 no permiten su uso y cuatro tienen una moratoria.
Obama, presidente entre 2009 y 2017, cuestionaba la aplicación de la
pena
de
muerte, sin entrar en el debate de fondo.
En una entrevista concedida a Marshall Project en 2015 dijo que la práctica era “profundamente perturbadora” y señaló la desproporcionada cantidad de negros que reciben sentencias de
muerte
en Estados Unidos y también algunas ejecuciones “espantosas” llevadas a cabo en algunos estados.
“Inmoral”
La senadora demócrata Kamala Harris, que aspira a la nominación de su partido para la presidencia, condenó la decisión de Barr.
“Déjenme ser clara: la
pena
de
muerte
es inmoral y es profundamente imperfecta. Demasiada gente inocente ha sido ejecutada”, dijo.
Bar defendió que cada uno de los cinco condenados fueron juzgados “por un jurado compuesto por sus pares en un proceso pleno e imparcial”.
El primer condenado será ejecutado el 9 de diciembre de 2019. Se trata de Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo racista que asesinó a tres personas de una familia, incluyendo a una niña de ocho años.
En segundo lugar aparece Lezmond Mitchell, que recibirá la inyección letal el 11 de diciembre, por el asesinato de una anciana y de su nieta. Dos días después está programada la
muerte
de Wesley Ira Purkey, acusado de varios asesinatos cruentos.
Un mes después, en enero de 2020, la justicia ejecutará a Alfred Bourgeois, acusado de abusar y luego asesinar a su hija de dos años y medio, y a Dustin Lee Honken, acusado de varias muertes.
“Otras ejecuciones adicionales se programaran en fechas posteriores”, dijo el Departamento de Justicia.
