Juan Pablo de Leo
Los pesos y contrapesos que fueron pensados para el correcto uso del poder en la democracia de Estados Unidos se ven comprometidos como nunca antes en la política moderna de ese país. El matrimonio arreglado entre Donald Trump y los republicanos les representa a ambos una oportunidad de darle un revés a una agenda acelerada durante ocho años por un gobierno progresista y liberal que en, por lo menos cuatro de ellos, tuvo un buen avance. Con el control absoluto, una presidencia como la que representa Trump se encuentra sin frenos ante una última frontera representada por el poder judicial que puede significar, para bien o para mal, un contratiempo para las políticas de Trump.
La prensa estadunidense se ha obsesionado con términos como autoritario, dictador, caudillo y otras descripciones en las que se desenvuelven para intentar explicar a Trump y colocarlo dentro de un molde que muy probablemente no existe. Determinar hasta dónde llegan los límites presidenciales es fundamental para el proyecto de nación que Trump quiere empujar en los próximos cuatro años. Para los Demócratas no hay mucho qué hacer.
Las posibilidades de detener las comparecencias de los nominados al gabinete han tenido poco éxito y sólo han conseguido comprar tiempo.
De aquí a las elecciones intermedias, su poder se limita a usar herramientas legislativas que de poco o nada sirven más allá de ejercer presión a un partido que se vendió a Trump para avanzar su agenda de presupuesto, Obamacare y otros pendientes para revertir lo más pronto posible la administración Obama, ahora que pueden, al tener control y el poder absoluto: 52 senadores republicanos frente a cuatro menos de los demócratas, 250 congresistas republicanos contra 193. Ese frente está cubierto por Trump, Paul Ryan y Mitch McConnell.
El estatal es también un aspecto cubierto de rojo que ha logrado convertir Trump en un activo: 33 gobiernos comandados por republicanos, comparado con 16 demócratas y un independiente.
La mayoría de ellos tiene control del congreso local en sus estados. A excepción de las costas, que son azules, el mapa es rojo y los republicanos están al volante a 120 kilómetros por hora en una supercarretera de cuatro carriles sin tráfico a las cinco de la mañana.
›A pesar de que esos 33 republicanos tienen mayoría, 16 gobiernos demócratas pueden hacer algo: demandar hasta saturar el sistema.
California ha contratado al exprocurador de la administración Obama, Eric Holder, para detener la agenda de Donald Trump. Un especialista como él, que conoce a profundidad cómo funciona el Departamento de Estado, puede ser una pesadilla y distracción para la dependencia encargada de la migración y del reforzamiento de leyes enfocadas a discriminar ciertas minorías en estados como el de Gerry Brown, de California, que se ha convertido junto con Bill DiBlassio, alcalde de Nueva York, y Marty Walsh, el de Boston, en la voz demócrata que tiene el poder para seguir siendo santuarios, en más que el sentido migratorio, para todos los que se quieran refugiar durante cuatro años de la administración Trump y de sus políticas.
Las demandas colectivas capitalizarán el movimiento social que está en desacuerdo con un presidente que no tiene legitimidad en el voto popular que perdió por diferencia de tres millones.
Como en estos primeros días de su presidencia, Twitter se convirtió una vez en la plataforma para enviar un mensaje. Esta vez le tocó al “supuesto juez” que tomó la decisión de suspender la prohibición de entrada a ciudadanos de siete países de forma temporal. Fue el primer desafío de la rama judicial que toca a Trump y su respuesta fue descalificarlo. Para muchos, una grave alerta de lo que significa la separación de poderes en un país que presume de ello.
Con Donald Trump, la retórica es una y la realidad es otra: desde su riqueza hasta su forma de gobernar.
Las verdades alternativas forman parte de su realidad y aunque en Twitter rete y cuestione al poder judicial y a sus integrantes, alegando una politización del sistema, en forma, él mismo y su gobierno han acatado las órdenes impuestas por las cortes estatales aunque protesten su posición. Estados Unidos y su poder judicial se enfrentan a uno de los mayores retos de la historia con una Suprema Corte incompleta de cuatro jueves liberales y cuatro conservadores.
Pero más allá de la decisión que tomen, el sistema se podría ver rebasado por las estrategias legales que diferentes grupos de interés tomen contra el gobierno de Estados Unidos.
Países como México han anunciado una agresiva estrategia legal en los consulados para defender casos.
Mientras más asuntos puedan meter a los sistemas locales ya de por sí rebasados, independientemente de las decisiones que tomen, podrán retrasar y archivar casos. A nivel estatal igual.
En la medida que distintos distritos y niveles sean saturados con buenas defensas como la que ha contratado California y como las que están dispuestos a dar Cuomo y DiBlassio en Nueva York , estarán distrayendo al Departamento de Estado y todo su sistema a defenderse y no a atacar. Una administración de justicia liderada por alguien como Jeff Sessions, fundamental para la agenda antiinmigrante de Trump y de mucho tiempo atrás desde el Senado, estará enfocada en ese mismo aspecto. No es casualidad su apoyo desde el principio a la campaña Trump y su nombramiento a un organismo autónomo ansiado por él desde un principio. Ante esta certeza, queda en las cortes la defensa del sueño americano. No son menores las portada de Dier Spiegel, The Economist y otras que dibujan la masacre de la Estatua de la Libertad a manos de Trump, y esto es sólo el principio. Nueva York, Boston, California y otros asumen que esto aún no termina y han promovido su apoyo en las cortes con la garantía de que su argumento constitucional sobre migración y libre creencia religiosa no deben intervenir en la agenda nacional con enfoques racistas.
Será el tiempo contra la justicia. Para los demócratas no hay prisa y la estrategia estatal es dejar todo en manos de la corte, defender su independencia dentro de la federación.
Para Trump hay muchas cosas que serán planteadas desde leyes ya existentes que le permitan justificar con mayor facilidad cada decisión, entendiendo que serán contestada y juzgada en las cortes.
El armado del plan para negar la entrada a miembros de siete países se basó en una ley previa de Obama, la del muro en una de Seguridad Fronteriza de Bush y así sus órdenes ejecutivas. El debate por lo pronto ya arrancó y la novena corte, con esta decisión, sería la que de luz de que vendrá.
Demandas Hay dos tipos de distractores que a nivel legal pueden representar inconvenientes para la administración trumpista en desgaste y tiempo: las demandas de los estados y las colectivas.
