Al considerar que las personas de entre los cinco y 11 años que no sean vacunados contra la enfermedad de Covid-19 es un hecho que “compromete gravemente su vida, salud e integridad personal” ante el riesgo de contagio, un tribunal federal avaló la obligación de la autoridad sanitaria para inmunizar a los menores de edad.
Con la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión de vacunar contra el virus del SARS-CoV-2 a los menores de edad, la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa advierte que, de acuerdo con las diversas opiniones científicas emitidas por autoridades expertas en materia de salud a nivel nacional como internacional, en caso de no aplicar la vacuna a ese sector de la población implica “serios riesgos y peligros”.
“Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión de oficio y de plano contra la omisión de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 a los quejosos (menores de 5 a 11 años), pues la decisión de no hacerlo compromete gravemente su vida, salud e integridad personal, siendo que, en observancia del mandato constitucional de proteger y concretar los derechos fundamentales de los menores de edad en el más alto grado posible, la autoridad sanitaria está obligada a su aplicación”, indica el criterio jurídico del tribunal publicado este viernes.
La víspera, más de una decena de organizaciones de la sociedad civil incluidas la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Mexicanos Primero y Save de Children emitieron un pronunciamiento conjunto en exigencia de que el gobierno de México aplicara vacunas para proteger de la enfermedad de Covid-19 a los menores de cinco a 14 años.
Derivado precisamente de los diversos amparos promovidos por familiares y colectivos que apoyan la inmunización de los infantes en reclamo a la omisión de las autoridades sanitarias del Estado, es que la jurisprudencia (tesis) publicada en el Seminario Judicial de la Federación marca un precedente en favor del interés superior de los menores de edad como lo es el derecho a la salud reconocidos en el artículo Cuarto Constitucional, en el cual se ordena a las autoridades el garantizar “el más alto nivel de salud, por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga, garantizando la práctica de todas las medidas necesarias para ello”.
A finales del mes pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell reiteró que “en términos del riesgo de tener Covid grave y morir por Covid, que es el elemento principal de protección de las vacunas COVID”, las niñas, niños y adolescentes sanos resultaban de prioridad baja para ser vacunados.
