Tribunal ordena crear comisión de la verdad de caso Iguala; PGR no es imparcial, señala

Un tribunal colegiado de Tamaulipas ordenó hacer la reposición del procedimiento del caso Iguala, así como la creación de una comisión de investigación “para la verdad y la justicia de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014. A través de una nota informativa el Consejo de la Judicatura Federal detalló que por unanimidad de votos, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, resolvieron los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, en relación con el también conocido como “Caso Ayotzinapa”, en el que concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul, el cual de basa en un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias. En caso de no presentarlos, señala la información del CJF, con las exigencias del Protocolo, se determinó que “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. Referente a la investigación del caso donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, se estableció que no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, la resolución del tribunal colegiado abarcó la investigación de la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para dicho caso. La citada comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, en este caso los normalistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos. En la sentencia, los magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos. Para lo cual armonizaron los artículos 20 constitucional, que contempla el derecho de las víctimas a participar en la investigación, y el 21 de la misma Carta Magna que establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.