La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el expediente del exdirector de la Unidad de Legislación Tributaria, Luis Arturo Castañeda Rebolledo y PricewaterhouseCoopers SC (PwC), a fin de que se determinen las sanciones por las acciones “graves” que tanto el exfuncionario como la consultora habrían cometido afectando a la administración pública federal.
El acuerdo emitido el pasado 18 de septiembre, al cual ejecentral tuvo acceso, se ordenó la remisión del expediente con terminación PAR-0029/2020, referente a las faltas administrativas calificadas como “graves y no graves” de las que son presuntos responsables Castañeda Rebolledo, y la consultora PwC, de acuerdo con lo que determinó la SFP por la “utilización indebida de información en materia fiscal, aduanera, comercio exterior e industrial en materia federal y estatal”.
El acuerdo firmado por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de Hacienda señala que luego de la comparecencia del exfuncionario
del 17 de septiembre pasado, se determinó que “al encontrarse calificadas como grave una de las dos faltas administrativas que le son atribuidas al referido exservidor público, y respecto de la falta administrativa atribuida a la persona moral PricewaterhouseCoopers SC, por tratarse de particulares”, será el TFJA la instancia encargada de sancionar las faltas “graves” por el exfuncionario
acusado de proporcionar información clave a la consultora internacional para que ésta se beneficiara con contrataciones gubernamentales y privadas; para luego convertirse en su socio desde por lo menos enero pasado.
En la edición del Reporte Especial de ejecentral, del 21 de septiembre pasado, se informó en exclusiva que de acuerdo con las conclusiones de la Función Pública, el OIC de Hacienda consideró a Luis Arturo Castañeda y PwC como probables responsables de utilizar información para beneficiarse y dañar al Estado. Se trata de la primera vez que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval pretende aplicar la Ley Federal de Austeridad Republicana, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual determina un plazo de 10 años para que un exfuncionario público de alto nivel desempeñe un puesto en empresas privadas tras dejar su cargo.
